Las regularizaciones por arraigo familiar se han disparado más de un 1.000% desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno. Este notable incremento se enmarca dentro de una evolución general al alza de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales, especialmente en los últimos años.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, y adelantados por OkDiario, el número de permisos concedidos por arraigo familiar ha crecido de forma muy significativa en la última década. Mientras que en 2017 se registraron 6.700 autorizaciones, en 2024 la cifra alcanzó las 93.076, lo que supone multiplicarse por trece, con un incremento superior al 1.280%.

Si se amplía el foco a todas las modalidades de arraigo —familiar, social, laboral y para la formación—, el aumento resulta aún más llamativo. En 2017 se concedieron 30.533 autorizaciones en total, frente a las 223.396 contabilizadas en 2024.

Este tipo de permiso, conocido como arraigo familiar, se define como una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales. Está dirigido, entre otros casos, a progenitores o tutores de menores ciudadanos de otro país de la Unión Europea que vivan en España, siempre que se acredite la convivencia, el cuidado efectivo del menor o el cumplimiento de las obligaciones parentales.

Además, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos básicos: no tener antecedentes penales en los países donde hayan residido durante los últimos cinco años, no figurar como persona rechazable en territorio español, no estar sujeto a un compromiso de no retorno, no representar un riesgo para el orden público y encontrarse físicamente en España. Tampoco pueden estar en proceso de solicitud de protección internacional. A diferencia de otras figuras, no se exige un tiempo mínimo de permanencia en el país.

El crecimiento de estas autorizaciones podría intensificarse aún más en el futuro próximo debido al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Ejecutivo. Esta medida, acordada entre el PSOE y Podemos y posteriormente aprobada en Consejo de Ministros, pretende dar cobertura administrativa a cientos de miles de personas en situación ilegal.

En concreto, la iniciativa contempla beneficiar a quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025. Las estimaciones iniciales apuntan a más de 500.000 personas, aunque la cifra podría aumentar considerablemente —incluso en varios cientos de miles más— si se tiene en cuenta el posible efecto arrastre a través del arraigo familiar para descendientes y otros allegados.

Para acceder a este proceso, bastará con demostrar una estancia mínima de cinco meses en el país mediante documentación como el empadronamiento, informes médicos, certificados de servicios sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que los solicitantes obtienen una serie de derechos desde el momento en que presentan la solicitud. Entre ellos, la suspensión de órdenes de expulsión o procedimientos de retorno, así como la posibilidad de acceder a una autorización provisional que permite trabajar legalmente y recibir asistencia sanitaria.

En caso de resolución favorable, se concede un permiso de residencia por un año, tras el cual el beneficiario puede optar a una autorización ordinaria conforme a la normativa de extranjería vigente.