La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil identificar individualmente a los 32 agentes marroquíes detectados durante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, después de que un informe policial recogiera imágenes en las que miembros de las fuerzas de seguridad del reino alauí aparecían presuntamente realizando labores de «guiado activo» hacia la frontera española.

La magistrada considera de «indudable relevancia» conocer quiénes eran esos agentes, a qué cuerpo pertenecían, cuál era su unidad operativa, su empleo o graduación y qué actuación concreta desarrollaron durante los episodios documentados, según informa The Objective.

Tardón reclama además reconstruir la cadena de mando desplegada en la zona de Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio, uno de los puntos clave para determinar quién dio las órdenes sobre el terreno y hasta dónde pudo llegar la coordinación de las fuerzas marroquíes.

Reconocimiento facial y consultas a Interpol y Europol

La orden judicial va mucho más allá de una mera revisión documental. La juez exige realizar un análisis biométrico individualizado y reconocimiento facial de las personas incluidas en las fichas policiales como posibles «agentes dinamizadores» o responsables de funciones de coordinación.

Para tratar de identificarlos, los investigadores deberán contrastar las imágenes disponibles con bases de datos policiales españolas, registros fronterizos, Interpol, Europol y cualquier otra herramienta que pueda permitir determinar su identidad.

Tardón ha solicitado también la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y de la Comisaría General de Policía Científica, siempre que dispongan de archivos o bases de datos útiles para efectuar comparaciones faciales.

El objetivo final de la investigación es esclarecer quiénes ejercieron funciones de dirección y coordinación sobre el terreno y, eventualmente, poder determinar quién se encontraba por encima de ellos en la estructura de mando. Fuentes conocedoras del procedimiento señalan incluso que la magistrada pretende poder interrogarlos, algo que dependería de la cooperación de Marruecos.

La Policía documentó a 32 agentes

La investigación judicial parte del informe elaborado por el CENIF de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional a comienzos de septiembre.

El documento recogió la presencia de 32 agentes marroquíes, uniformados y de paisano, durante los acontecimientos de finales de julio. Según el análisis policial, algunos aparecen dando indicaciones, ayudando a los inmigrantes a sortear determinados obstáculos u organizando el acceso hacia zonas próximas a la frontera.

El propio informe describía imágenes en las que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad marroquíes «dan instrucciones a las personas que cruzan irregularmente la frontera para superar los obstáculos» y organizan el acceso hacia determinadas zonas.

También fueron detectados individuos sin uniforme que, según el análisis de las imágenes, mostraban comportamientos compatibles con funciones de liderazgo y control de la multitud.

No obstante, el propio CENIF ha advertido de una limitación relevante: buena parte de sus conclusiones proceden de fuentes abiertas, redes sociales, aplicaciones de mensajería, fotografías y vídeos, por lo que ese material, por sí solo, no permite establecer judicialmente la responsabilidad individual o institucional de quienes participaron. Precisamente esa incertidumbre es la que la nueva batería de diligencias pretende despejar.

Tardón busca quién dirigió y financió la operación

La identificación de los agentes marroquíes forma parte de una investigación mucho más amplia. La Audiencia Nacional trata de determinar quién convocó, organizó, financió y coordinó la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, así como si existió una estructura organizada detrás de la movilización.

Tardón ha encargado a la UCO de la Guardia Civil y a la UDEF de la Policía Nacional que investiguen posibles movimientos económicos relacionados con los hechos y la eventual existencia de financiación destinada a hacer posible una movilización de semejante magnitud.

La magistrada también ha pedido información sobre las comunicaciones y alertas emitidas antes de la entrada masiva, sus destinatarios y las medidas adoptadas posteriormente.

Además, ha solicitado al jefe del Estado Mayor de la Defensa imágenes por satélite de la zona de Castillejos y de la frontera de Ceuta correspondientes al periodo comprendido entre el 20 de julio y el 7 de agosto, con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados antes y durante los acontecimientos.