La revista británica The Economist ha lanzado una dura crítica contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la invasión migratoria de Ceuta. El semanario acusa al Ejecutivo de haber permitido que la situación se agravara durante seis semanas sin lograr expulsar ni tramitar los expedientes de miles de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.

La publicación describe una ciudad todavía desbordada después de que más de 70.000 personas cruzaran la frontera durante los días 30 y 31 de julio. Aunque la mayoría regresó a territorio marroquí, The Economist sostiene que hasta 10.000 permanecían en Ceuta alojados en tiendas de campaña, refugios improvisados o directamente en sus calles y playas.

Uno de los principales asentamientos se levantó en la playa del Trampolín, donde la Policía organizaba a los inmigrantes en grupos de unas 30 personas para que la Cruz Roja pudiera repartirles una ración diaria de comida. La revista recoge el testimonio de Abdel Karim, un soldador procedente de Tánger que permanecía allí a la espera de una respuesta de las autoridades.

«Esperamos una solución. Todos queremos ir a la península para trabajar», afirma el inmigrante preguntado por el semanario. Sus palabras reflejan precisamente uno de los temores de otros países europeos: que el Gobierno incumpla su promesa de devolver a Marruecos a quienes entraron ilegalmente y termine autorizando su traslado al resto de España.

La revista recuerda que Sánchez viajó a Ceuta después de la entrada masiva y calificó lo ocurrido como «un ataque a la integridad territorial de España». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también aseguró que «hasta la última persona que haya entrado en España de forma irregular» sería devuelta.

Sin embargo, la publicación contrapone aquellas promesas con la falta de resultados seis semanas después. «Los 84.000 habitantes de Ceuta siguen esperando», señala antes de reprochar al presidente que, tras aquella visita, «se fue de vacaciones durante tres semanas».

La reacción del Ejecutivo no llegó, según The Economist, hasta finales de agosto. Fue entonces cuando el Gobierno asumió la coordinación directa de la respuesta, como había reclamado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y anunció que ampliaría hasta 6.000 las plazas destinadas a alojar a los inmigrantes.

El semanario también cuestiona el retraso en la identificación de quienes permanecen en la ciudad. En especial, acusa al Ejecutivo de haber mostrado «poca urgencia» para comprobar la filiación de los menores y poder tramitar, cuando corresponda, su regreso junto a sus familias.

«A ninguno de la docena de inmigrantes entrevistados en la playa del Trampolín se le habían tomado los datos», advierte la publicación. Esta falta de identificación dificulta conocer cuántas personas continúan realmente en Ceuta, cuáles son menores y quiénes pueden ser devueltos a Marruecos.

Mientras los trámites avanzan con lentitud, The Economist alerta del deterioro de la convivencia y de la creciente preocupación de los vecinos. «El temor a la delincuencia ha aumentado», señala el artículo, que describe cómo algunos padres tienen miedo de permitir que sus hijos salgan solos de casa, «incluso para ir a la escuela».

La crisis también amenaza con convertirse en un problema electoral para Sánchez. La revista recuerda que España celebrará elecciones generales el próximo año y que los sondeos apuntan a una mayoría de la oposición de derechas. La gestión de Ceuta, por tanto, puede pesar sobre un Gobierno incapaz de cumplir sus promesas de devolución y devolver la normalidad a la ciudad.

«La agudeza política que el señor Sánchez había demostrado durante sus ocho años como presidente del Gobierno le ha fallado en esta crisis», sentencia el semanario británico. «Es probable que la situación en Ceuta siga enquistada durante meses. Para España y para el señor Sánchez, hay mucho en juego en las calles de Ceuta».