En mayo de 2025, un total de 17.486 extranjeros no comunitarios obtuvieron autorización de residencia en España. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, analizados por The Objective, un tercio de esos permisos proceden de situaciones de ilegalidad. En concreto, 5.779 personas accedieron a la residencia temporal por arraigo o circunstancias excepcionales.

Este mecanismo, avalado por las comunidades autónomas o ayuntamientos, se dirige a quienes han permanecido en España un mínimo de dos años, mantienen vínculos familiares o acreditan integración social. Entre las condiciones figura no tener antecedentes penales en los últimos cinco años y no suponer un riesgo para el orden público o la salud.

La estadística refleja también el elevado número de denegaciones. Una de cada seis solicitudes fue rechazada en mayo, la mayoría relacionadas con el arraigo. En total, se reclamaron más de 21.000 autorizaciones.

Desde 2014, el Ministerio ha concedido 1,79 millones de permisos de residencia a través de tres fórmulas: trabajo por cuenta ajena, arraigo y autorizaciones para trabajadores cualificados. Casi medio millón de ellas corresponden al arraigo. En los últimos doce años, el 53% de las autorizaciones han recaído en hombres, siendo los ciudadanos de Marruecos (269.662) y Colombia (151.000) los más beneficiados.

Por continentes, América concentra el 47% de las autorizaciones concedidas en mayo. La distribución cambia al considerar el sexo: los hombres proceden en su mayoría de África (79,5%) y las mujeres de América (53,3%). En cuanto a las comunidades, destacan Andalucía (23%), Cataluña (22,5%) y Madrid (14,9%). Por sectores, los extranjeros trabajan sobre todo en servicios, agricultura, ganadería, pesca y en empleos domésticos.

El fenómeno no es nuevo. Antes de la serie iniciada en 2014, España vivió ocho procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes, impulsados tanto por gobiernos del PSOE como del PP, que beneficiaron a más de un millón de extranjeros. El más amplio fue el de 2005, cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó a 600.000 personas.

Felipe González abrió los dos primeros procesos en 1985 y 1991, con más de 147.000 regularizados. José María Aznar aprobó en 1996 un procedimiento más restringido, que benefició a 21.000 inmigrantes, y en 2000 amplió el alcance a 163.000. Posteriormente, en 2001, una revisión de expedientes permitió legalizar a 36.000 más.