Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han llevado ante el Defensor del Pueblo la situación de los efectivos destinados en Ceuta y han reclamado medidas para garantizar su seguridad física y jurídica. Las tres organizaciones denuncian circunstancias que limitan la actuación del personal sobre el terreno y exigen protección frente a agresiones, exposición a enfermedades y riesgos derivados de la identificación de quienes participan en el dispositivo.

Según informa CeutaTV, la queja fue presentada este martes, 22 de septiembre, después de semanas de despliegue de las Fuerzas Armadas en la ciudad. Las asociaciones sostienen que los militares trabajan «día tras día» en sus calles para contribuir a recuperar la normalidad, pero se encuentran con obstáculos que reducen el alcance de sus intervenciones.

Uno de los principales reproches afecta a la cobertura jurídica con la que desarrollan sus cometidos. ASFASPRO, AUME y UMT reclaman que los efectivos conozcan toda la información funcional necesaria para desempeñar su misión y dispongan de un marco que proteja tanto su seguridad personal como su actuación profesional.

Las organizaciones también ponen el acento en la prevención de riesgos. Reclaman medidas ante posibles ataques físicos y frente al contacto con enfermedades, además de una protección especial de los datos identificativos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Advierten de que la difusión o exposición de esa información podría permitir localizar tanto a los propios militares como a personas de su entorno.

La denuncia llega después de que las asociaciones militares hayan advertido durante las últimas semanas de los problemas que plantea el despliegue en Ceuta. A finales de agosto, la Unión de Militares de Tropa denunció una situación de «indefensión legal» después de la agresión sufrida por militares destinados en la zona de Benzú y reclamó al Ministerio de Defensa protocolos de autoprotección y una cobertura jurídica clara.

La UMT ya había pedido además al departamento de Margarita Robles que aclarase el marco aplicable al personal militar encargado de labores de vigilancia y protección en espacios civiles. La asociación advertía de que, ante determinados incidentes, los efectivos podían verse obligados a requerir la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por carecer de amparo legal expreso para determinadas actuaciones.

La nueva queja eleva ahora esas reclamaciones al Defensor del Pueblo y las comparte con ASFASPRO y AUME. Las tres organizaciones sostienen que los miembros de unas Fuerzas Armadas profesionales deben tener protegidos sus derechos y contar con las condiciones necesarias para concentrarse en el cumplimiento de sus misiones.

El comunicado incluye además una crítica directa a la situación que atraviesa la institución militar. Las asociaciones recuerdan la sucesión de operaciones extraordinarias asumidas en los últimos años: desde la pandemia y la erupción del volcán de La Palma hasta las DANA y los incendios, además de lo que califican como una «violación de frontera» en Ceuta y los diferentes despliegues internacionales.

En este contexto, las organizaciones apuntan directamente al Ministerio de Defensa. Consideran que el departamento y su titular, Margarita Robles, deberían tener en cuenta la acumulación de misiones y las condiciones en las que trabajan los efectivos. También sostienen que las Fuerzas Armadas sufren una reducción de personal y que la carrera militar ha perdido atractivo entre los jóvenes debido a sus condiciones laborales y económicas, hasta el punto —según denuncian— de que no llegan a cubrirse todas las plazas ofertadas.

El comunicado concluye con una advertencia que resume el malestar de las tres asociaciones: cuestionan que el personal militar tenga que acudir al Defensor del Pueblo para reclamar los medios y las garantías que considera imprescindibles para realizar su trabajo.

La reclamación abre así un nuevo frente en torno al despliegue militar en Ceuta. Tras semanas de intervenciones y avisos sobre la cobertura jurídica de los efectivos, ASFASPRO, AUME y UMT reclaman ahora formalmente que quienes están sobre el terreno puedan desarrollar sus funciones con garantías de seguridad, protección profesional y prevención de riesgos.