Un certificado emitido por el PSOE basta para acreditar la condición de exiliado a efectos de la llamada ley de nietos, la vía incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite obtener la nacionalidad española a descendientes de españoles nacidos en el extranjero. Así se desprende de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente.

Según avanza The Objective, la instrucción establece que quienes soliciten la nacionalidad podrán probar el exilio de su padre, madre, abuelo o abuela mediante distintos documentos. Entre ellos figuran certificados o informes emitidos por partidos políticos, sindicatos y otras entidades públicas o privadas reconocidas oficialmente en España o en el país de acogida, siempre que estén vinculadas con el exilio.

Ese criterio ha generado polémica porque, según sus críticos, amplía de forma notable el alcance inicial de la norma. La Ley de Memoria Democrática estaba dirigida a descendientes de españoles que hubieran abandonado el país por motivos políticos, ideológicos, religiosos, de creencias o de orientación sexual. Sin embargo, la instrucción presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

Para las salidas producidas desde enero de 1956 hasta la entrada en vigor de la Constitución, la condición de exiliado debe acreditarse documentalmente. En ese punto encaja la posibilidad de aportar informes o certificaciones de organizaciones reconocidas, entre ellas partidos políticos como el PSOE, si guardan relación con el exilio.

La controversia se produce en un contexto de elevado volumen de solicitudes. Según los datos atribuidos al Ministerio de Asuntos Exteriores, la red consular española registró más de 2,4 millones de solicitudes de cita o intenciones formales antes del cierre del plazo ampliado, el 22 de octubre de 2025.

De ese total, más de 1,2 millones de expedientes físicos completos habrían sido catalogados, abiertos y validados formalmente por las oficinas consulares. Hasta ahora, se habrían aprobado 545.000 solicitudes, de las cuales 310.000 personas ya habrían completado la inscripción definitiva en el Registro Civil Consular.

La consecuencia electoral de este proceso también está en el centro del debate. Esas 310.000 personas ya podrían ejercer el voto en unas elecciones generales, y las previsiones apuntan a que, en el plazo aproximado de un año, la cifra de nuevos inscritos en el censo CERA con derecho a sufragio podría rondar los 600.000.