El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, procesado por la Audiencia Nacional en el caso Duro Felguera, obtuvo la nacionalidad española el 21 de abril de 2025 mediante la Ley de Memoria Democrática. La concesión llegó después de que prosperara un recurso administrativo contra la negativa inicial del Registro Civil Central.
Villalobos accedió a la ciudadanía por su vínculo familiar con una abuela materna española. Según la información publicada por OkDiario, la mujer no salió de España a causa de la Guerra Civil ni de la dictadura franquista, sino que había emigrado con anterioridad. Su caso pone de relieve la amplitud con la que se están aplicando algunos supuestos de la norma, conocida popularmente como Ley de Nietos.
La resolución favorable fue tramitada dentro de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dependiente del Ministerio de Justicia. En el expediente participaron cuatro empleados públicos: una consejera encargada de elaborar el dictamen, un jefe de servicio que lo validó, un subdirector general que elevó la propuesta y la directora general, Ester Pérez Jerez, que rubricó la decisión definitiva.
El Ministerio sostiene que el procedimiento se ajustó a derecho y que el recurso fue resuelto conforme a criterios estrictamente jurídicos. Fuentes oficiales señalan que, durante 2025, ese órgano examinó 189 impugnaciones relacionadas con resoluciones del Registro Civil Central sobre esta modalidad de acceso a la nacionalidad. De ellas, 164 fueron aceptadas.
La vía escogida por Villalobos resultó determinante. A diferencia de la nacionalidad por residencia, la opción prevista en la Ley de Memoria Democrática no exige una valoración de la conducta cívica del solicitante ni incorpora el mismo análisis de antecedentes policiales. El requisito fundamental consiste en demostrar documentalmente la ascendencia española y encajar en alguno de los supuestos contemplados por la disposición legal.
Antes de recurrir a este mecanismo, el antiguo alto cargo venezolano había tratado de nacionalizarse por residencia en dos ocasiones. La primera petición fue presentada en 2017 y rechazada en 2020. En 2024 volvió a iniciar el procedimiento, pero recibió una nueva respuesta negativa en 2025 al considerar la Administración que no reunía las condiciones legales exigidas.
En ambos expedientes pesó la valoración sobre su conducta cívica. Las autoridades tuvieron en cuenta las actuaciones policiales y judiciales vinculadas a Villalobos, pese a que el Tribunal Constitucional declaró ilegales dos de sus detenciones.
Meses después de que ya hubiera adquirido la ciudadanía por la Ley de Memoria Democrática, se produjo una situación aparentemente contradictoria. El 10 de octubre de 2025, Ester Pérez Jerez firmó otra resolución en la que se concluía que Villalobos no había demostrado de manera suficiente la buena conducta cívica requerida para obtener la nacionalidad por residencia.
Ese documento se apoyaba en un informe del Ministerio del Interior fechado el 14 de agosto de 2025. En él figuraban tres anotaciones desfavorables: una investigación de octubre de 2018 por presunto blanqueo de capitales y asociación ilícita, una causa abierta desde marzo de ese año en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid y un antecedente de la Guardia Civil relacionado con una pesquisa por blanqueo iniciada en octubre de 2017.
La tramitación de abril de 2025 no contó, según la información disponible, con la participación de Leire Díez. No obstante, el nombre del ex viceministro apareció posteriormente en las agendas atribuidas a la exmilitante socialista, investigada judicialmente por sus presuntas actuaciones contra miembros de la judicatura, la Fiscalía, la Guardia Civil y medios de comunicación.
Junto al nombre de Villalobos figuraba la palabra «nacionalidad». Esta referencia llevó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a examinar si se produjo alguna gestión irregular. En el marco de esas pesquisas, agentes de la UCO acudieron el 9 de junio de 2026 al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para requerir la documentación administrativa relacionada con los expedientes.
Villalobos también aparece mencionado en informes de la Guardia Civil sobre una supuesta operación destinada a desacreditar al fiscal José Grinda. Tales extremos forman parte de investigaciones y señalamientos policiales, sin que impliquen por sí solos una condena judicial.
La controversia se centra en si el caso responde a la finalidad histórica con la que fue aprobada la Ley de Memoria Democrática. La norma, impulsada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, pretendía facilitar la recuperación de la nacionalidad a descendientes de españoles afectados por el exilio, la persecución política o la pérdida de ciudadanía asociada a determinados episodios históricos.
Sin embargo, su articulado permite acceder a la nacionalidad en situaciones más extensas que las descritas en su exposición de motivos. La interpretación administrativa y judicial ha admitido expedientes de descendientes cuya relación con el exilio republicano o con la represión franquista es indirecta o incluso inexistente.
En el caso de Villalobos, su abuela emigró voluntariamente antes de la Guerra Civil, por lo que su salida de España no habría estado motivada por el conflicto ni por la dictadura. Pese a ello, la acreditación del parentesco resultó suficiente para estimar el recurso. El ex viceministro ni siquiera llegó a conocer personalmente a su ascendiente, de acuerdo con fuentes de su entorno.
Juristas y funcionarios consultados consideran que la redacción de la ley ha convertido este procedimiento en una vía considerablemente más accesible que la nacionalidad por residencia. La ausencia del filtro de conducta cívica permite que personas rechazadas en el procedimiento ordinario puedan obtener la ciudadanía cuando prueban una ascendencia española comprendida en la norma.
