Un informe de la Cruz Roja ha destapado el caso de una menor extranjera no acompañada (mena) acogida en Canarias cuya madre reside legalmente en Francia, trabaja como farmacéutica y, según la documentación incorporada al expediente, habría impulsado el traslado de la niña desde Guinea-Conakry dentro de un proceso de reunificación familiar articulado a través de rutas de inmigración ilegal.
El documento, elaborado durante la fase de primera acogida y avanzado por @CanarioToday, recoge que la menor inició su viaje migratorio en 2025 desde Guinea y que el desplazamiento se produjo con el objetivo de reunirse con su madre, instalada en territorio francés. En el informe aparecen además datos sobre la situación familiar de la progenitora, incluyendo su ocupación profesional, nacionalidad y residencia en Francia.
Pese a ello, la menor continúa actualmente bajo tutela en un centro de acogida para menas en Canarias, con un coste aproximado de 2.900 euros mensuales sufragados con fondos públicos. La situación ha reabierto el debate sobre el sistema de protección de menores extranjeros y sobre la gestión de los recursos destinados a este tipo de dispositivos de acogida.
El caso ha provocado indignación en distintos sectores sociales y políticos del archipiélago, donde numerosas familias denuncian dificultades económicas crecientes para afrontar gastos básicos relacionados con vivienda, alimentación o educación. La comparación entre esas dificultades y el elevado coste de mantenimiento de los centros de menores ha intensificado las críticas hacia las políticas migratorias del Gobierno central.
La documentación también plantea interrogantes sobre los mecanismos de control aplicados en los procesos de acogida y sobre la coordinación entre países de la Unión Europea cuando existen familiares plenamente identificados residiendo legalmente en otro Estado miembro. Diversas voces consideran que, en situaciones como ésta, debería priorizarse la reunificación directa con los progenitores antes que mantener durante meses a los menores en centros financiados por las administraciones públicas españolas.
El informe señala además que la información procede tanto de entrevistas realizadas a la menor como de la documentación incorporada al expediente y de los datos manejados por Cruz Roja durante la primera acogida. Según el texto, la madre habría promovido el desplazamiento de la niña desde Guinea hasta Canarias con la intención de facilitar posteriormente el reencuentro familiar desde Francia.
La presión migratoria que soporta Canarias desde hace años ha disparado el número de menores extranjeros acogidos en las islas y ha generado un fuerte debate político sobre el reparto de competencias, el coste económico del sistema y la capacidad de atención de los recursos disponibles. Casos como éste vuelven a poner el foco sobre la existencia de familiares localizados en otros países europeos y sobre la utilización de rutas ilegales para acceder al territorio comunitario.
