Un informe del Parlamento Europeo ha advertido sobre las estrategias desplegadas por China para incrementar su capacidad de influencia dentro de la Unión Europea y ha mencionado expresamente el caso de España por la adjudicación a Huawei de un contrato relacionado con la gestión y almacenamiento de interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente.

El documento, elaborado por la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia y aprobado esta semana, sostiene que Pekín utiliza mecanismos cada vez más sofisticados para reforzar su presencia en el continente. Entre ellos, cita la captación de dirigentes y antiguos responsables políticos, la incorporación de ex altos cargos a empresas vinculadas al gigante asiático y la creación de redes formadas por estudiantes, investigadores y agentes económicos favorables a los intereses chinos.

En relación con España, el texto incorpora una enmienda impulsada por el eurodiputado Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, en la que se hace referencia al contrato adjudicado a Huawei para la gestión de sistemas empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios de inteligencia. El informe recoge esta adjudicación como un ejemplo de las preocupaciones existentes en torno a la dependencia tecnológica de compañías chinas.

Desde hace años, distintas instituciones comunitarias vienen alertando de los riesgos asociados a la utilización de tecnología procedente de determinadas empresas chinas, argumentando que podrían existir vínculos entre estas compañías y las estructuras estatales del país asiático. Por ello, Bruselas ha recomendado en diversas ocasiones extremar las cautelas en la contratación de este tipo de servicios estratégicos.

Recientemente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado a una investigación judicial documentación relacionada con contratos suscritos entre Huawei y la empresa Whathefav, de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia fue constituida en 2024 con el objetivo de estudiar amenazas como la desinformación, las injerencias extranjeras y otros riesgos que puedan afectar al funcionamiento de las democracias europeas. Sus informes no tienen carácter vinculante, pero sí sirven de base para futuras iniciativas legislativas, recomendaciones y dictámenes de las instituciones comunitarias.