La «regularización» masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno no afectará a 500.000 personas, como ha sostenido la ministra de Inclusión, Elma Saiz, integrante del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Según un informe oficial elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, y que publica El Español, los beneficiarios directos del proceso ascenderán a aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros, lo que supone un incremento muy significativo respecto de las previsiones difundidas por el Ministerio de Inclusión.

El documento interno fue remitido a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, entonces ocupada por José Ángel González Jiménez. En él se señala que la cifra estimada «supone un 250% más» que la recogida en los documentos oficiales del Ministerio y supera también los más de 840.000 potenciales beneficiarios calculados por Funcas.

La evaluación técnica analiza el proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1155/2024 y sostiene que la «regularización» podría alcanzar una dimensión muy superior a la comunicada oficialmente. El informe advierte de que la estimación inicial podría verse “ampliamente aumentada” al incorporar beneficiarios indirectos. Entre ellos figuran familiares que accedan a procedimientos de reagrupación y solicitantes de protección internacional que desistan de sus expedientes para acogerse al nuevo mecanismo extraordinario de «regularización».

El documento incorpora un análisis estratégico en el que se alerta de “efectos negativos significativos” si la «regularización» se ejecuta en los plazos previstos para el primer semestre del año. Entre los riesgos identificados se menciona un posible “efecto llamada”, la intensificación de actividades de redes de tráfico de personas y la generación de un mercado irregular de documentos destinados a acreditar la permanencia en territorio español.

Asimismo, se prevén potenciales desplazamientos de ciudadanos extranjeros desde otros Estados miembros de la Unión Europea hacia España con el objetivo de acogerse a la «regularización», lo que, según el texto, podría colisionar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo. El requisito de “encontrarse en España” es considerado “claramente insuficiente” en su formulación actual, al no delimitar con precisión los medios probatorios admisibles ni exigir necesariamente documentación nominativa.

En materia de servicios públicos, el informe anticipa un incremento de la presión sobre sanidad, educación y servicios sociales, que podrían carecer de capacidad de absorción suficiente ante un volumen elevado de solicitudes en un periodo breve. También se señala un eventual impacto en el mercado laboral derivado del aumento de la oferta de mano de obra en sectores de baja cualificación como consecuencia de la «regularización».

El capítulo relativo a antecedentes penales recibe observaciones específicas. El plazo de cinco meses exigido para la acreditación de permanencia es calificado como insuficiente para que consten eventuales condenas firmes, y se advierte de la posibilidad de omitir residencias previas en otros países. Como medida de refuerzo, los expertos proponen la consulta de oficio de la base de datos europea ECRIS-TCN antes de conceder la «regularización».

El informe cuestiona igualmente la tramitación urgente del decreto. Aunque el Gobierno fundamenta la medida como una necesidad sobrevenida, los técnicos recuerdan que la iniciativa legislativa popular que sirve de antecedente fue admitida a trámite el 9 de abril de 2024, lo que, a su juicio, no se corresponde con una situación imprevisible que justifique la urgencia de la «regularización».

Finalmente, el documento discrepa de la memoria económica del proyecto normativo, que sostiene que la «regularización» no tendrá impacto presupuestario ni en materia de personal. La Policía prevé un aumento significativo en la expedición y renovación de Tarjetas de Identidad de Extranjero y en la elaboración de informes individuales de seguridad.