Nuevos detalles sobre el negocio que esconde la inmigración ilegal en España han reavivado el debate político y social sobre el sistema de tutela de menores extranjeros no acompañados (menas), especialmente en territorios como Canarias, donde la llegada de estos jóvenes se ha multiplicado en los últimos años.

La polémica surge tras la difusión por @CanarioToday de un informe elaborado por una organización dedicada a la protección de la infancia en el que se analiza la situación de uno de estos menores. El documento señala que el joven mantiene comunicación habitual con su familia de origen en Senegal y que tanto sus padres como su domicilio están perfectamente identificados.

Según el informe, el menor conserva contacto frecuente con su entorno familiar a través de su teléfono móvil personal. La comunicación se describe como constante y autónoma, lo que, de acuerdo con el equipo educativo que realiza el seguimiento, permite mantener los vínculos afectivos con su familia y su entorno de origen en el país africano.

En el mismo documento se afirma que este objetivo —preservar la continuidad comunicativa con su familia— se considera cumplido. Los responsables del seguimiento destacan además que el joven comparte información con los educadores sobre sus interacciones familiares y muestra un nivel adecuado de confianza y madurez emocional.

A pesar de que la familia del menor está localizada y existe relación directa con ella, el joven permanece bajo tutela pública en España. Este tipo de atención institucional implica alojamiento, asistencia educativa, cobertura sanitaria y acompañamiento social, un sistema cuyo coste estimado ronda los 34.000 euros anuales por cada menor, según diversas estimaciones utilizadas en el debate público.

El caso ha sido utilizado por distintos sectores para cuestionar el funcionamiento del sistema de acogida de menores inmigrantes, especialmente cuando existen familiares identificados en el país de origen. Quienes critican el modelo sostienen que situaciones como esta se repiten en numerosos expedientes y reclaman revisar los protocolos de tutela y posible reagrupación familiar.

Por otro lado, organizaciones sociales y especialistas en protección de menores recuerdan que cada caso se analiza de manera individual y que la localización de la familia no implica automáticamente el retorno del menor. Las autoridades deben valorar factores como las condiciones de vida, la seguridad o la capacidad real de los familiares para hacerse cargo del joven.

En Canarias, donde la presión migratoria ha aumentado con fuerza en los últimos años, el sistema de acogida de menores se encuentra especialmente tensionado. Las administraciones públicas han advertido en repetidas ocasiones de la saturación de los centros y de la necesidad de mayor coordinación entre comunidades autónomas para repartir la atención a estos jóvenes.

Mientras tanto, la difusión de informes como el conocido estos días vuelve a situar en el centro del debate el coste, la gestión y los criterios con los que España aborda la tutela de menores migrantes que llegan al país sin compañía de adultos.