El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón un informe en el que, según publica Libertad Digital, acredita que los servicios de Inteligencia españoles alertaron al Gobierno y a Marruecos de la invasiómn de Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El documento, entregado a la magistrada este miércoles, recoge avisos dirigidos al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, y a la Delegación del Gobierno en Ceuta, que entonces lideraba Miguel Ángel Pérez Triano, ya dimitido. También incluye comunicaciones con los servicios de Inteligencia marroquíes, según las mismas fuentes.

En concreto, el CNI habría advertido a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), responsable de la Inteligencia interior de Marruecos, y a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), encargada de la Inteligencia exterior. Ambos organismos mantienen interlocución con los servicios españoles.

La información se incorpora a la investigación que dirige Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, cuando miles de inmigrantes entraron en Ceuta a través de la frontera terrestre mientras buques de guerra marroquíes protagonizaban movimientos en aguas españolas.

El informe no sería especialmente extenso, pero documentaría que las advertencias se produjeron antes de los hechos. Estas fuentes sostienen que los avisos fueron desatendidos, aunque determinar si hubo negligencia o responsabilidades penales corresponde a la investigación judicial.

La causa analiza posibles delitos contra la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros —en conexión con posibles homicidios imprudentes— y de organización criminal. La magistrada ha advertido previamente de que las diligencias apuntan a posibles implicaciones de personas con altas responsabilidades públicas y a relaciones con individuos vinculados a gobiernos extranjeros, circunstancias que, a su juicio, elevan el riesgo de interferencias externas.

Tardón había solicitado al CNI un análisis biométrico y de reconocimiento facial de personas identificadas en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. También pidió un estudio para determinar qué personas, grupos u organizaciones podrían haber tenido capacidad para planificar y coordinar una movilización de esas dimensiones, así como los posibles vínculos entre los distintos niveles de actuación.

La investigación también examina las comunicaciones mantenidas entre el CNI y los responsables de la Delegación del Gobierno. Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del entonces delegado, compareció como testigo ante la magistrada hace dos semanas. Sanz dimitió después de que el Ejecutivo negara que hubiera recibido advertencias previas.

El exalto cargo afirmó ante la juez que había intercambiado 19 mensajes y una llamada telefónica con el CNI. Esas comunicaciones, según la información publicada, todavía no han sido desclasificadas por el Gobierno. Sanz acudió a declarar con más de un centenar de folios de documentación y sostuvo que el Ejecutivo había realizado una desclasificación parcial de la información relacionada con el caso.