La Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión para un inmigrante ilegal pakistaní acusado de agredir sexualmente con penetración a una mujer en un piso de Gijón, después de encerrar a un amigo de la víctima en la terraza de la vivienda para impedir que pudiera auxiliarla. El juicio ha quedado visto para sentencia, mientras que la acusación particular eleva la petición de pena hasta trece años y medio de cárcel, detalla La Nueva España.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de junio de 2022. El procesado, de nacionalidad pakistaní y en situación ilegal en España, invitó a la mujer y a un amigo de esta a su domicilio. Sobre las tres de la madrugada, ya en el interior del piso, llevó al acompañante hasta la terraza y lo dejó encerrado sin posibilidad de regresar al interior.

Fue entonces cuando, siempre según la acusación, se produjo la presunta violación. El amigo de la víctima, atrapado en la terraza, escuchó los gritos de la mujer sin poder acceder a la vivienda para ayudarla.

El acusado negó los hechos durante el juicio y sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas. Sin embargo, el Ministerio Fiscal subraya que la víctima se encontraba en situación de especial vulnerabilidad y que tiene reconocida una discapacidad, circunstancia que agrava la gravedad de lo ocurrido.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual con penetración. Además de la pena de prisión, solicita siete años de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente habitualmente a menos de 500 metros, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas durante diez años. También pide inhabilitación especial durante 15 años para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores.

En cuanto a la situación administrativa del acusado, la Fiscalía interesa que cumpla dos terceras partes de la condena en territorio español y que el resto de la pena se sustituya por la expulsión del país, con prohibición de reentrada durante nueve años.

Por responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el procesado indemnice a la víctima con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.