Un tribunal de menores ha dictado una sentencia que ha generado controversia pública al suspender parcialmente la medida de internamiento impuesta a un joven inmigrante condenado por agresión sexual a una menor.

Según la resolución judicial, el joven deberá someterse durante dos años a un programa de educación sexual y de igualdad, además de cumplir con un periodo de libertad vigilada. Si completa con éxito las condiciones impuestas y no reincide, la medida de internamiento quedará definitivamente anulada.

El fallo también establece el pago de una indemnización a la víctima en concepto de daños morales, por un total de 6.000 euros, que podrá abonarse de forma fraccionada.

La decisión se ampara en la Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y en la normativa de responsabilidad penal del menor, que prioriza la reinserción y la reeducación frente al castigo.

Sin embargo, el caso ha suscitado debate entre juristas y sectores sociales, que cuestionan la proporcionalidad de las penas y la eficacia de los programas de reintegración para delitos de naturaleza sexual.