La sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción de Ceuta investigará si responsables de asociaciones humanitarias suministraron a inmigrantes ilegales artefactos caseros capaces de provocar deflagraciones y liberar gases para utilizarlos en enfrentamientos contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas desplegadas en la ciudad autónoma.
La investigación parte de una querella presentada por Hazte Oír y admitida a trámite por la magistrada María de la Luz Lozano, según un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. La resolución da traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre las diligencias de investigación que considere procedentes.
«Se admite a trámite la querella que en el precedente escrito formula en nombre y representación de la asociación HazteOír.org», recoge el auto. La decisión judicial abre así una vía para esclarecer unas acusaciones que afectan a ONG dedicadas a prestar asistencia a los miles de inmigrantes que permanecen en Ceuta después de la invasión procedente de Marruecos de finales de julio.
La querella sitúa el foco en la «posible adquisición, fabricación, depósito, transporte, suministro y reparto» entre inmigrantes de «artefactos caseros aptos para producir una deflagración y liberar gases». También solicita investigar el posible «aliento de conductas violentas» contra policías, guardias civiles, militares y población civil, según el contenido del escrito publicado por Libertad Digital.
La denuncia llega después de varias semanas marcadas por los ataques registrados contra las fuerzas de seguridad y militares desplegados en Ceuta. A finales de agosto, varios integrantes de No Name Kitchen fueron identificados después de que fuentes próximas a una investigación relacionaran a miembros de la organización con la adquisición de aguafuerte y papel de aluminio, materiales que pueden emplearse para fabricar artefactos caseros. El Faro de Ceuta informó entonces, citando fuentes próximas a la investigación, de que este tipo de dispositivos había sido lanzado contra manifestantes.
No Name Kitchen ha rechazado las acusaciones. La organización aseguró posteriormente a Euronews que ninguno de sus miembros había fabricado o distribuido material destinado a actos violentos. El medio señaló además que no existían entonces pruebas directas que vinculasen las compras atribuidas a sus miembros con los artefactos utilizados.
El nuevo procedimiento judicial supone un paso distinto: el juzgado ha admitido ahora formalmente una querella que pide investigar tanto a quienes utilizaron presuntamente estos artefactos como a quienes pudieran haber participado en su fabricación, suministro o reparto. El escrito menciona informaciones que apuntan a No Name Kitchen, aunque deja abierta la posibilidad de que las actuaciones denunciadas pudieran afectar a integrantes de otras organizaciones.
Millones de euros públicos destinados a la asistencia
Uno de los elementos sobre los que Hazte Oír pide poner el foco es la financiación pública destinada al entramado asistencial desplegado en Ceuta. La querella recoge que la atención humanitaria de emergencia arrancó con 6,5 millones de euros destinados a Cruz Roja Española y que el crédito general se amplió el 28 de agosto hasta los 44,51 millones, con financiación europea. También menciona otros 25 millones aprobados para atender a menores.
El escrito incorpora además subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma a distintas entidades. Entre ellas figura una ayuda nominativa de 432.100 euros para Luna Blanca en 2026 y otra de 580.000 euros otorgada en 2025 a la Fundación Cruz Blanca para economato social y cobertura de necesidades básicas. La querella plantea esclarecer si pudo existir alguna afectación de caudales públicos en los hechos denunciados.
La financiación pública adquiere así relevancia en la investigación solicitada por Hazte Oír: no sólo se pretende determinar quién pudo fabricar o entregar los artefactos, sino también comprobar si alguna de las entidades o personas eventualmente implicadas recibía fondos procedentes de las administraciones españolas o de la Unión Europea.
Delitos relacionados con explosivos y atentado contra la autoridad
La querella solicita investigar posibles delitos de tenencia, depósito, fabricación, transporte o suministro de aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, además de atentado contra agentes de la autoridad y miembros de las Fuerzas Armadas. También plantea posibles responsabilidades por armas prohibidas, asociación ilícita, organización o grupo criminal, eventual afectación de fondos públicos y responsabilidad penal de personas jurídicas.
La apertura de las diligencias judiciales añade así un nuevo frente a la situación que atraviesa Ceuta desde finales de julio. La investigación deberá determinar ahora si las acusaciones recogidas en la querella tienen respaldo probatorio y si existió participación de responsables de organizaciones humanitarias en el suministro de material utilizado en los episodios violentos.