La dirección de la prisión de Zubieta (San Sebastián), y un comisario de la Policía Autonómica vasca (Ertzaintza), han tratado de impedir que trascendiera una presunta agresión sexual cometida por un preso marroquí contra una funcionaria penitenciaria el pasado 11 de septiembre. Según una investigación publicada por el periodista Melchor Miralles en IT-MAGAZINE, los responsables del centro no habrían comunicado inicialmente los hechos a la autoridad judicial, mientras que un mando policial habría remitido posteriormente instrucciones para impedir que los agentes destinados en la cárcel realizaran investigaciones sin autorización de sus superiores.
La agresión denunciada se produjo en el módulo 3 del establecimiento penitenciario, inaugurado el pasado junio para sustituir a la antigua prisión de Martutene. La trabajadora se encontraba supervisando el desayuno de los internos cuando uno de ellos, identificado mediante las iniciales M. B. y de nacionalidad marroquí, se acercó mientras conversaba con otro recluso. La funcionaria le pidió que esperara su turno y, una vez terminada la conversación, el hombre comenzó a solicitarle insistentemente un mechero.
Ante la negativa de la empleada, el interno habría comenzado a tocarle los pechos de manera reiterada, después de preguntarle si llevaba el encendedor escondido entre ellos. Según el relato publicado, la mujer apartó la mano del preso y reaccionó propinándole una bofetada antes de solicitar ayuda a dos compañeras. Lo ocurrido fue trasladado al responsable del módulo y posteriormente a la dirección del establecimiento.
Sin embargo, la funcionaria denuncia que no se adoptaron medidas suficientes para evitar nuevos encuentros con el presunto agresor. El interno fue destinado al departamento de ingresos, pero continuó teniendo contacto visual con ella durante su jornada laboral. Dos días después, ambos coincidieron nuevamente a escasa distancia, momento en el que el recluso, según su testimonio, mantuvo una actitud desafiante. La trabajadora llegó a solicitar al menos en dos ocasiones un cambio de puesto.
La controversia se agravó cuando, nueve días después de los hechos, un agente de la Ertzaintza tuvo conocimiento de lo sucedido y comenzó a recabar información. El policía contactó con el jefe de servicios y con la propia afectada, que aseguró haber informado a sus superiores y confiaba en que se hubiera activado el correspondiente protocolo de agresiones. No obstante, según IT-MAGAZINE, hasta aquella intervención no se habría comunicado el episodio a la autoridad judicial. La funcionaria acabó presentando una denuncia formal el 26 de septiembre en una comisaría de San Sebastián.
La actuación policial provocó posteriormente una reacción de la cadena de mando. De acuerdo con la documentación citada por el medio, un responsable de la Ertzaintza remitió un correo electrónico recordando que cualquier información relevante sobre el centro penitenciario debía trasladarse a la jefatura para su valoración. La instrucción ordenaba a los agentes abstenerse de efectuar investigaciones o indagaciones no autorizadas dentro de la prisión o sobre sus trabajadores.
El mensaje también advertía de que no era la primera ocasión en la que se comunicaban estas directrices y exigía a los responsables de cada grupo informar de posibles incumplimientos para adoptar las medidas correspondientes. Estas instrucciones han generado críticas entre las fuentes policiales consultadas por el citado medio, que consideran que podrían dificultar una intervención inmediata ante la existencia de indicios de hechos delictivos.
La investigación sostiene que los problemas de coordinación entre la dirección penitenciaria y los agentes de la Ertzaintza no serían nuevos. Durante 2024, 2025 y 2026, funcionarios policiales habrían comunicado sospechas sobre intentos de introducir drogas, teléfonos móviles y otros objetos prohibidos en las instalaciones de Martutene y Zubieta sin recibir, según estas fuentes, respuestas adecuadas de sus superiores.
Entre los antecedentes mencionados figura el caso de una mujer que acudía a visitar a un interno y sobre la que existían sospechas de que pudiera introducir sustancias estupefacientes. Los agentes recomendaron que se efectuaran comprobaciones, pero sus mandos habrían rechazado que los policías propusieran registros basados en estas sospechas. Según la información publicada, esa misma visitante había sido detenida anteriormente por un intento de introducir hachís en prisión.
Las denuncias también alcanzan a la organización de salidas de internos fuera de los establecimientos penitenciarios. Los agentes habrían advertido de que determinados desplazamientos se realizaban sin facilitar a las comisarías correspondientes información suficiente sobre los itinerarios previstos. Asimismo, el medio recoge comunicaciones sobre un supuesto intento de motín ocurrido en abril de 2025 y sobre incidencias relacionadas con paquetes lanzados desde el exterior de las instalaciones.
Fuentes policiales citadas por IT-MAGAZINE sostienen que la falta de intervención ante determinados incidentes podría comprometer la seguridad de los funcionarios y dificultar la persecución de posibles delitos. Las mismas fuentes cuestionan las instrucciones de los responsables de la Ertzaintza y reclaman mecanismos que permitan actuar con rapidez cuando se detecten hechos presuntamente delictivos.
Las denuncias sobre la gestión de Zubieta plantean así interrogantes sobre la respuesta institucional a las agresiones contra trabajadores penitenciarios y sobre los procedimientos de comunicación con la autoridad judicial. Por el momento, la información publicada recoge la versión de fuentes policiales y de la funcionaria afectada, sin que conste en ella una resolución judicial que acredite un encubrimiento deliberado por parte de los responsables de la prisión o de la Ertzaintza.
