Un oficial de Inteligencia español ha admitido en exclusiva para LA GACETA que existen instrucciones políticas claras para que ciertos hechos ligados a la inmigración ilegal no trasciendan en España. «Es difícil cuando hay instrucciones políticas claras», ha reconocido textualmente este mando, que ha preferido mantener el anonimato.

Según fuentes policiales consultadas por LA GACETA, cada día son más reiterativas las órdenes superiores que tratan de ocultar la deriva criminológica asociada a la inmigración ilegal y masiva. Esta presión no se limita a casos aislados, sino que afecta a la forma en que se gestiona y se comunica la información sobre delitos protagonizados por inmigrantes ilegales en distintas zonas del país.

El mismo oficial de Inteligencia ha admitido también que, en relación con la información sobre rutas de inmigración ilegal y ciertas nacionalidades de llegada, existen instrucciones políticas para que no trasciendan datos concretos.

«Es un asunto delicado políticamente», ha reconocido. Esta confesión pone de manifiesto una directriz que va más allá de la mera prudencia informativa y que afecta directamente a la transparencia con la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden informar sobre fenómenos que tienen un impacto directo en la seguridad ciudadana.

La investigación de LA GACETA ha detectado zonas especialmente sensibles a la hora de obtener información sobre el origen de los protagonistas de los delitos más frecuentes ligados a perfiles de inmigración. En el último año, los agentes ligados a gabinetes de comunicación más alejados de la transparencia son los destinados en las Islas Canarias. Este medio no ha podido confirmar la identidad de detenidos que, con posterioridad, se ha sabido que estaban directamente relacionados con los flujos migratorios descontrolados que llegan al archipiélago.

En Andalucía, los agentes policiales también muestran una gran oposición a facilitar datos relativos a nacionalidades. La provincia de Sevilla se sitúa entre las más opacas, mientras que Granada aparece como una de las más abiertas a colaborar con la prensa para esclarecer el origen y las causas de los hechos delictivos. A nivel nacional, las secciones policiales de Baleares son las que mantienen un mayor nivel de transparencia a la hora de facilitar este tipo de información.

Fuentes policiales de distintos territorios coinciden en señalar que esta opacidad selectiva responde a una directriz clara. «Nos indican que no relacionemos los hechos con perfiles de inmigración porque genera un problema político», ha explicado a LA GACETA un mando intermedio de una unidad operativa en una de las zonas más afectadas. Esta práctica tiene consecuencias directas. Al dificultar o impedir que se conozca el origen de los autores de determinados delitos, se impide también que la sociedad tenga una imagen real de la magnitud del problema y de su evolución. La deriva criminológica asociada a la inmigración ilegal descontrolada queda así parcialmente oculta, no porque no exista, sino porque desde instancias políticas se ha decidido que ciertos datos no deben trascender.

El oficial de Inteligencia consultado por LA GACETA es especialmente claro al respecto: las instrucciones políticas existen y condicionan el trabajo diario de quienes tienen la obligación de informar con rigor sobre lo que ocurre en las calles. Mientras tanto, los datos que sí se hacen públicos siguen mostrando un patrón que las propias fuentes policiales vinculan cada vez con mayor frecuencia a los flujos de inmigración ilegal.