La expansión de las macroplantas fotovoltaicas vuelve a chocar con la defensa del suelo agrícola. SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han presentado tres recursos contencioso-administrativos contra las licencias municipales concedidas al proyecto solar Pinatar, promovido por el Grupo Zaragozá en la Región de Murcia, según informa El Debate.

Las organizaciones pretenden frenar una instalación que, según denuncian, sustituirá aproximadamente 160 hectáreas de regadío de elevado valor productivo por miles de paneles solares. La planta contará con una potencia instalada de 93,17 MW y sus infraestructuras se extenderán por los términos municipales de Murcia, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Tres licencias recurridas

SOS Rural y Ecología y Libertad han interpuesto un recurso contra cada una de las licencias concedidas por los ayuntamientos afectados. Las entidades consideran que las administraciones municipales autorizaron las obras sin contar con una ordenación territorial suficiente para una infraestructura de esta dimensión.

«La ejecución de esta macroplanta supone la destrucción irreversible de suelos agrícolas en régimen de regadío intensivo y de una biodiversidad insustituible», ha denunciado Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural. El proyecto se encuentra además junto a dos espacios integrados en la Red Natura 2000: las Zonas de Especial Protección para las Aves Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, y Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor.

Suelo fértil sustituido por paneles solares

Las asociaciones sostienen que la implantación de una planta fotovoltaica no consiste únicamente en colocar placas sobre el terreno. Las obras requieren eliminar parte de la cubierta vegetal, remover y compactar el suelo y construir caminos, accesos e infraestructuras de evacuación eléctrica.

Estas actuaciones pueden favorecer la erosión, reducir la permeabilidad del terreno y aumentar la escorrentía superficial, especialmente en una región afectada por periodos prolongados de sequía. Los recurrentes advierten también del riesgo de endurecimiento o «cementado» del suelo, un proceso que puede dificultar su recuperación para usos agrarios una vez terminada la vida útil de la instalación.

La transición energética contra el campo

La presidenta de Ecología y Libertad, Margarita Fernández, considera que el proceso judicial colocará en el centro del debate la necesidad de ordenar territorialmente la transición energética. Las organizaciones no rechazan la producción de energía solar, pero exigen que las grandes plantas se instalen prioritariamente sobre tejados, espacios degradados, polígonos industriales o terrenos sin capacidad agrícola.

Su crítica se dirige contra un modelo que sacrifica superficies fértiles mientras España pierde explotaciones y aumenta su dependencia alimentaria del exterior.

El conflicto murciano se suma a otros surgidos en provincias como Jaén, donde agricultores y asociaciones rurales han denunciado proyectos fotovoltaicos sobre olivares productivos.