El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha ordenado la suspensión cautelar del Acuerdo Marco de acogida residencial para menas, valorado en 24 millones de euros, tras el recurso presentado por el Grupo Parlamentario de VOX.

Según denunció la formación, el contrato ocultaba bajo una apariencia legal una adjudicación directa encubierta a las mismas entidades privadas y ONG que llevan años beneficiándose de fondos públicos mediante procedimientos de urgencia y contratos opacos desde 2018.

Desde VOX han calificado la decisión como «un paso decisivo» contra el sistema de reparto clientelar montado en torno a la inmigración ilegal, y han reafirmado su compromiso de erradicar el modelo de gestión basado en subvencionar ONG mientras se deteriora la seguridad en los barrios.

Para la portavoz parlamentaria Isabel Pérez Moñino, la suspensión «aún no es una victoria, pero sí una grieta en el muro de impunidad construido por el PSOE y el PP en materia migratoria». «Nuestro objetivo sigue siendo claro: la repatriación inmediata de todos los MENAS. Mientras tanto, combatiremos las redes de tráfico ilegal y señalaremos las prácticas irregulares de los gobiernos que las amparan», declaró.

Ana Cuartero, portavoz de VOX en las Comisiones de Presupuestos, Hacienda y Vigilancia de Contrataciones, subrayó que el partido lleva años denunciando las irregularidades en este tipo de contratos, especialmente desde el primer aluvión de menores llegados en 2018. «La Comunidad de Madrid ha financiado durante años con dinero público la entrada, manutención y posterior dispersión de inmigrantes ilegales, alimentando un modelo fallido y peligroso para los españoles», denunció Cuartero.

Marta Castro, vicesecretaria jurídica de VOX y responsable de la acción legal, fue más allá y aclaró el objetivo político de la medida: «Esto no es solo una batalla jurídica. Es una batalla moral. Bajo estos contratos se esconde el negocio de la inmigración ilegal, el reparto a dedo de plazas y fondos a ONGs ideologizadas, y la construcción de un modelo social que destruye la convivencia y premia la ilegalidad».

La formación advirtió que no se detendrá: utilizará todas las herramientas parlamentarias, administrativas y judiciales para desmontar el entramado de intereses entre gobiernos, asociaciones inmigracionistas y burócratas europeos que alimenta la llegada masiva de inmigrantes ilegales a España.