El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa a un militante socialista madrileño, Tomás Guerrero Blanco, como pieza clave en la derivada de Dubái de la presunta trama vinculada al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
Según la información publicada por ABC, Guerrero fue la persona a la que recurrió el entorno de Zapatero para abrir una sociedad instrumental en la zona franca del emirato, en un movimiento que el magistrado interpreta como parte de una posible estructura societaria destinada a canalizar fondos en territorio extranjero.
Guerrero es militante del PSOE de Getafe y cuenta con experiencia en Dubái como mánager de Halal Trade & Marketing Center y director de la oficina en Madrid del Instituto Halal, dedicado a certificar productos y servicios conforme a la ley islámica. También ha sido presentado como experto en economía islámica, mercados emergentes y fondos soberanos de inversión.
La conexión aparece en una cadena de correos electrónicos intercambiados entre María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, y Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez Martínez, socio y amigo del expresidente. Según el auto, Zapatero organizó una reunión entre Martínez y Tomás Guerrero el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid para abordar la expansión de sus negocios hacia Oriente Próximo.
Al día siguiente, Guerrero envió un correo electrónico a Julio Martínez detallándole la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái, «según lo conversado ayer», y lo puso en contacto con responsables de la zona franca para orientarle en el proceso de establecimiento en el aeropuerto del emirato.
La sociedad creada finalmente se denominó Landside Dubai Fzco y, según recoge el auto, estaría participada al 100% por Idella Consulenza Strategica SL, empresa de la presunta trama. Su constitución coincidió temporalmente con las gestiones para conseguir el rescate público de Plus Ultra, aerolínea que recibió 53 millones de euros del Fondo de Rescate de la SEPI.
El juez destaca que el 23 de enero de 2021, apenas tres días antes de la reunión organizada por Zapatero, Cristóbal Cano envió a Julio Martínez un correo con el llamado «contrato honorario SEPI». Ese documento contenía el acuerdo firmado el 19 de enero entre Idella Consulenza Strategica y Plus Ultra, por el que la aerolínea se comprometía a pagar a Idella el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada, es decir, 530.000 euros.
La derivada dubaití continuó semanas después. El 3 de marzo, Cano envió a Julio Martínez un plan de negocio denominado «Landside Middle East FZCO Business Plan», concebido para ofrecer servicios de consultoría a empresas de países hispanohablantes interesadas en operar en Emiratos Árabes Unidos y a empresas emiratíes que quisieran expandirse en España y Latinoamérica. Según la documentación citada, el proyecto preveía ganancias de al menos tres millones de dólares en cinco años.
La UDEF sostiene que la reserva del restaurante donde se trató la operación fue realizada por «un empleado de José Luis Rodríguez Zapatero». El juez Calama concluye que de ello puede inferirse que las instrucciones partieron necesariamente del expresidente.
El auto resume la operación de Dubái como la confluencia de tres hechos: un contrato por el que Idella cobraría el 1% del rescate de Plus Ultra; una reunión organizada por Zapatero con Julio Martínez y Tomás Guerrero para constituir una filial en Dubái; y un plan de negocio posterior que preveía ingresos millonarios. Para el magistrado, estos elementos permiten inferir indiciariamente la creación de una estructura societaria para recibir el pago acordado en una cuenta bancaria titulada por Landside en el extranjero.
No consta, según un informe de Hacienda citado por ABC, que Plus Ultra pagara ese contrato concreto a Idella, aunque sí habría efectuado pagos a otras sociedades vinculadas a la presunta trama.
El perfil de Tomás Guerrero añade una nueva arista política al caso. Militante socialista desde las juventudes del PSOE, forma parte del entorno de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y ex secretaria general del PSOE de Madrid. Además, ha sido reconocido en varias ocasiones como uno de los 500 líderes más influyentes de las economías islámicas en la World Islamic Banking Conference.
