La polémica por la concesión masiva de nacionalidades españolas al amparo de la denominada ‘ley de nietos’ suma nuevas revelaciones sobre las supuestas irregularidades en el Consulado General de España en México. Un trabajador de la representación diplomática ha denunciado que algunos solicitantes pretendían obtener el pasaporte español para trasladarse a España y recibir tratamientos médicos y operaciones quirúrgicas en la sanidad pública.

Según una investigación publicada por THE OBJECTIVE, el empleado consular asegura que los funcionarios recibían correos electrónicos en los que se solicitaba acelerar la tramitación de expedientes alegando enfermedades de los interesados o de sus familiares.

«Hubo varios casos en que se pedía por email que se adelantaran esos expedientes que habían entrado porque a lo mejor tenía el hijo o la hija o esa misma persona algún problema de salud y quería venir a España a poder operarse o a que le dieran tratamiento en la sanidad pública», ha explicado.

El testigo considera que estas prácticas podrían trasladar costes al contribuyente español y agravar la presión sobre las listas de espera. No obstante, la obtención de la nacionalidad no garantiza por sí sola asistencia sanitaria gratuita a quienes residen habitualmente en el extranjero, ya que el acceso a la cobertura pública está sujeto a requisitos legales.

Denuncia un trato de favor a políticos mexicanos y personalidades influyentes

Las acusaciones del trabajador no se limitan al interés por la sanidad española. Según su testimonio, determinados políticos, empresarios y representantes del mundo cultural mexicano recibían un trato privilegiado durante la tramitación de sus solicitudes de nacionalidad.

El empleado señala especialmente a personas vinculadas a formaciones próximas a Morena, el partido gobernante en México, que habrían accedido a citas extraordinarias y procedimientos diferentes de los utilizados por los solicitantes ordinarios. «Muchas veces ni siquiera esos expedientes pasaban por nuestras manos», denuncia, poniendo en cuestión los mecanismos de supervisión de las solicitudes.

De acuerdo con su versión, algunos interesados también buscaban obtener el pasaporte español para facilitar sus desplazamientos internacionales, especialmente hacia Estados Unidos, donde los ciudadanos españoles pueden acogerse al programa de exención de visado si cumplen sus requisitos.

El empleado cuestiona las cifras oficiales de nacionalizaciones

El testimonio también pone en duda las cifras aportadas por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre las concesiones de nacionalidad vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. Según el trabajador, el número real de nacionalizados podría superar ampliamente los 163.000 comunicados por el Ejecutivo, debido al elevado volumen de expedientes tramitados en representaciones diplomáticas como las de México y Argentina.

«La cifra es muchísimo superior al número que se ha dado», sostiene, aunque sus declaraciones no aportan por sí mismas una contabilización alternativa verificable. El empleado calcula que en México se habrían producido unas 60.000 nacionalizaciones y señala que los consulados argentinos tramitaron cantidades todavía mayores, con jornadas de trabajo que, según afirma, alcanzaban las doce horas.

Estas acusaciones se suman a las informaciones publicadas durante los últimos días por THE OBJECTIVE sobre presuntas alteraciones de fechas en solicitudes fuera de plazo y concesiones a descendientes de emigrantes anteriores al franquismo.

Las revelaciones vuelven a situar bajo escrutinio los controles de la política de nacionalizaciones del Gobierno de Sánchez, particularmente la supervisión de los expedientes, la igualdad de trato entre solicitantes y la transparencia de las cifras oficiales.