La economista especializada en el sector de la vivienda, Carme Trilla, presidenta de la fundación Hàbitat3 y del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y asesora del Ministerio de Vivienda, situó la inmigración como la primera causa del déficit de hogares en España durante su comparecencia como experta ante la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso, en noviembre de 2024.

Trilla, a quien la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, entregó en marzo la Cruz de la Orden del Mérito Civil, abrió su intervención con el «crecimiento de la población» como primer factor del «shock de demanda». Según explicó, en el siglo XXI España ha crecido en ocho millones de personas, hasta los 48 millones de habitantes, «pero dentro de estos ocho millones, cinco millones y medio ha sido población inmigrada, el crecimiento vegetativo ha sido mucho menor». Añadió que el porcentaje de población de origen migratorio se sitúa en el 13,36%, frente a menos del 5% en décadas anteriores.

En el tramo más reciente, de 2017 a 2024, el país sumó dos millones de habitantes y «de estos dos millones, casi el 100% ha sido un crecimiento migratorio, lo que provoca una presión tremenda sobre la demanda de vivienda». La diferencia con el crecimiento vegetativo, precisó, es de calendario: cuando hay más nacimientos que defunciones, las necesidades de vivienda se pueden prever a 20 o 25 años; cuando el aumento es migratorio, «la necesidad de vivienda es inmediata, lo que significa una presión clara de demanda».

La economista señaló otras dos causas: la demanda retenida entre 2008 y 2017 —jóvenes que no se emanciparon a la espera de que los precios bajaran— y un parque de viviendas en alquiler insuficiente. El Banco de España cifra el desfase acumulado en torno a 750.000 viviendas y advierte de que podría ampliarse si la creación de hogares sigue superando la oferta.

El contraste con la normativa reciente es directo. La exposición de motivos del real decreto de medidas en materia de vivienda —conocido como «decreto Maricarmen» y en vigor desde esta semana— describe el problema como «multifactorial y global» y no menciona en ningún momento la inmigración, pese a que la propia asesora del ministerio la situó en primer lugar al explicar el desequilibrio entre hogares y oferta residencial.