La empresa proveedora del servicio ha confirmado al juez que la titular del dominio web donde se ofrecía el software desarrollado para la cátedra de Begoña Gómez era la propia esposa del presidente del Gobierno. Así lo ha revelado La Razón citando fuentes jurídicas.
El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, investiga si Begoña Gómez pudo apropiarse indebidamente del software diseñado para la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que codirigía, incurriendo presuntamente en un delito de apropiación indebida.
El dominio estaba a nombre de Gómez
La compañía digital Arsys, encargada del registro del dominio transformatsc.org, ha explicado que la titularidad fue transferida a Gómez en julio de 2023, por parte de Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra. La transferencia se produjo sin aportar documentación, ya que no era necesario para completar el trámite.
El dominio estuvo activo hasta el 20 de septiembre de 2023, cuando fue dado de baja por impago de la cuota anual. La empresa intentó varios cobros automáticos y avisó por correo electrónico a la dirección personal facilitada por la propia Gómez. Desde entonces, la plataforma está inactiva.
En su respuesta al juzgado, Arsys deja claro que no participó en la creación de la plataforma, ni en la elaboración del contenido. Subraya que la responsabilidad del uso del dominio y del contenido alojado recaía íntegramente en el cliente, es decir, en Begoña Gómez.
La empresa indica que solo prestó un servicio de registro de dominio y correo electrónico asociado, sin proporcionar alojamiento web (hosting). Añade que desconoce si la web llegó a utilizarse en relación con la cátedra, aunque reconoce la coincidencia en el nombre.
Además, solicita al juez que le facilite más datos para identificar con precisión el servicio que podría tener relación con la cátedra bajo investigación.
Software financiado por grandes empresas
El software en cuestión fue diseñado para medir el impacto social y medioambiental de las pymes. Lo desarrollaron varias grandes compañías —Google, Telefónica, Indra y Deloitte— de forma altruista, con una inversión que superó los 300.000 euros.
La herramienta debía ser de propiedad exclusiva de la universidad, aunque pudo utilizarse —según comprobó La Razón— a través de la web registrada a nombre de Gómez. Esto contradice la versión de la coordinadora Blanca de Juan, quien declaró que la plataforma no llegó a estar finalizada y presentaba fallos de uso.
