La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado que antiguos miembros de PP y PSOE están utilizando sus conexiones políticas para defender intereses extranjeros, en detrimento de la agricultura española. La polémica surge tras conocerse que la consultora Acento, integrada por figuras como Pepe Blanco, Alfonso Alonso y Elena Valenciano, ha firmado un contrato con el Gobierno de Marruecos para mediar ante la Unión Europea.
Esta organización agraria considera que el contrato con Marruecos perjudica gravemente a los agricultores españoles, ya que facilita la defensa de acuerdos que compiten directamente con la producción nacional. Según la Unión, es inaceptable que ex políticos aprovechen los contactos adquiridos durante su etapa pública para favorecer intereses que chocan con los de España.
«La economía es global y el mercado laboral, libre, pero esto no justifica que se utilicen las conexiones establecidas en el ámbito político para actuar en contra de los intereses nacionales. Hoy es Marruecos; mañana podría ser Mercosur«, advierten desde la organización.
La Unión exige que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español asuman su responsabilidad y den explicaciones públicas sobre este caso. Además, piden la creación de códigos éticos o normativas específicas que prohíban a ex políticos utilizar sus redes de contactos para realizar actividades que comprometan los intereses de sectores estratégicos como la agricultura y la ganadería.
La organización también señala la importancia de que los actuales representantes de PP y PSOE actúen como contrapeso y garanticen la defensa de los intereses agrícolas y ganaderos de España en Europa. Según explican, «es vital que no se pierda de vista la protección de la producción nacional» frente a acuerdos comerciales o estrategias que favorezcan a competidores extranjeros.
La Unión de Uniones ha hecho un llamamiento a los dos principales partidos políticos para que prioricen la soberanía y la competitividad del sector agrícola español, actuando con mayor firmeza en las negociaciones europeas. Este caso, aseguran, pone de manifiesto la necesidad de garantizar que quienes han ocupado cargos públicos no puedan usar su influencia pasada en perjuicio de España.
