Lo que debía ser una jornada de control rutinario en Cometa, el centro que gestiona las pulseras antimaltrato, se convirtió en un ejemplo de cómo la imagen puede pesar más que la seguridad. El 19 de septiembre de 2024, una supervisora ordenó al personal del turno de mañana saltarse el protocolo para que las pantallas aparecieran despejadas de alertas justo antes de la llegada de representantes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Desde marzo de ese año, la gestión de este sistema está en manos de Vodafone y Securitas, tras el relevo de Telefónica y Securitas Direct. A las 09:56 de la mañana, la responsable envió un mensaje pidiendo cerrar directamente las alertas de batería baja y centrarse sólo en aquellas que figuraban como apagadas. Esa instrucción implicaba desatender procedimientos que obligan a dar parte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «Como mínimo, la batería baja implica una llamada al agresor», recuerda personal cercano al centro, que denuncia que aquello se pidió no hacerlo por la visita oficial.

Aunque esas señales no sean las más críticas, sí exigen seguir el protocolo. En el caso de las víctimas, siempre hay que advertirles para que carguen el dispositivo, ya que sin batería se pierde la geolocalización y resulta imposible confirmar que el agresor respeta las zonas de exclusión. En el caso de los agresores, el procedimiento también obliga a llamadas y avisos a la Policía según respondan o no, o según cuánto tiempo vayan a tardar en ponerlo en carga.

Fuentes consultadas por El País recuerdan que durante los meses posteriores al cambio de adjudicataria reinó un auténtico caos. Las alertas de batería baja se dejaban sin tramitar, esperando a que los propios usuarios cargaran los móviles, cuando antes se gestionaban en cuestión de minutos.

El episodio terminó con una felicitación de la supervisora al equipo, celebrando que sólo quedaban 163 alertas. Para los trabajadores, esa cifra era escandalosa: en la etapa anterior, tres o cuatro incidencias simultáneas eran lo normal, y diez ya se percibían como una crisis. «La máxima de la empresa siempre fue maquillar números para tapar la mala calidad del servicio«, admite un extécnico, aunque añade que, con el tiempo, los empleados trasladaron a la Delegación lo que estaba ocurriendo.