Medio centenar de tractores han tomado las calles de Lopera, en la provincia de Jaén, para denunciar la expansión de los megaproyectos fotovoltaicos que ponen en peligro miles de olivos y amenazan una de las principales actividades económicas de la comarca. La movilización, celebrada este martes, ha reunido a cerca de un centenar de vecinos frente al Ayuntamiento, donde los manifestantes han exigido que se frene la instalación de nuevas plantas solares sobre terrenos agrícolas al grito de «¡Plantas no, olivos sí!».
La protesta ha sido convocada por la Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares, que lleva dos años denunciando las consecuencias de estas instalaciones sobre el campo jienense. Según los cálculos del colectivo, más de 5.000 olivos ya han sido arrancados para facilitar el desarrollo de los proyectos energéticos. La cifra podría superar los 40.000 ejemplares si finalmente se materializan todas las actuaciones previstas en la zona.
Las consecuencias económicas también preocupan a los agricultores. La organización estima que la proliferación de instalaciones fotovoltaicas podría comprometer hasta el 20% de la producción de aceituna de la zona, ocasionando pérdidas superiores a los dos millones de euros anuales. Si se incluye la reducción de los jornales agrícolas, el perjuicio económico calculado alcanzaría los tres millones de euros cada año, una cantidad especialmente significativa para un municipio cuya economía depende en buena medida del olivar.
El conflicto ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento de Lopera, gobernado por una coalición del PSOE e Izquierda Unida. El Ejecutivo municipal ha aprobado una suspensión de tres años para la concesión de licencias urbanísticas destinadas a instalaciones solares en terrenos ocupados por olivares. Sin embargo, la medida contempla una excepción para aquellos expedientes que ya se encuentren en una fase avanzada, una decisión que ha despertado el rechazo de los afectados.
El Consistorio sostiene que detener proyectos con una tramitación muy desarrollada podría generar reclamaciones económicas contra las cuentas municipales. Por este motivo, defiende la necesidad de respetar la seguridad jurídica y evitar posibles indemnizaciones. La plataforma vecinal rechaza esta interpretación y considera que el Ayuntamiento no ha demostrado que la paralización de las instalaciones vaya a suponer un coste elevado para las arcas públicas.
Los agricultores se apoyan en un análisis jurídico que hace referencia al artículo 103.4 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. Según su interpretación de esta normativa, las eventuales compensaciones quedarían limitadas principalmente a la devolución de determinados tributos y a los gastos acreditados de elaboración de los proyectos. Por ello, cuestionan que se utilice el riesgo de indemnizaciones como argumento para permitir que continúen avanzando expedientes que podrían provocar daños irreversibles al paisaje, la biodiversidad y la actividad agraria.
La organización también ha denunciado las facilidades administrativas que, a su juicio, reciben las empresas promotoras. Entre sus principales críticas figura la declaración de interés público de determinadas instalaciones por parte de la Junta de Andalucía, una figura que puede facilitar procedimientos expropiatorios. Asimismo, sostiene que algunos proyectos se dividen en actuaciones más pequeñas para evitar que su evaluación ambiental corresponda a la Administración central, una práctica cuya existencia denuncia el colectivo.
La controversia se extiende además al municipio vecino de Arjona, donde se proyectan otras instalaciones que necesitan utilizar terrenos de Lopera para el tendido de sus líneas de evacuación eléctrica. La plataforma considera que el Ayuntamiento dispone de instrumentos administrativos para intervenir en estos procedimientos, especialmente a través de los informes de compatibilidad urbanística y las autorizaciones que requieren determinadas infraestructuras.
Campiña Norte asegura que ha entregado durante los últimos dos años documentación técnica, informes legales y estudios sobre las repercusiones económicas y ambientales de las plantas solares. Pese a ello, denuncia que sus argumentos no han recibido la atención suficiente. También afirma haber presentado desde principios de septiembre varias peticiones para conocer el contenido de los informes municipales relacionados con estos expedientes.
La tractorada de este martes refleja el creciente enfrentamiento entre la expansión de las energías renovables y la conservación de los terrenos agrícolas tradicionales en esta comarca de Jaén. Los manifestantes insisten en que no se oponen a la energía solar como alternativa de generación eléctrica, sino a que su implantación se realice a costa de arrancar miles de olivos y reducir la actividad económica que sostiene a numerosas familias del municipio.