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Dos universidades se unen al Pacto Nacional por el Referéndum

Colectivos universitarios de la plataforma Societat Civil Catalana exigen la anulación de estas adhesiones. Califican de «tóxica» la posición de estos centros y advierten de que «erosiona las bases de la convivencia».


Societat Civil Catalana (SCC) ha pedido este jueves la anulación de las adhesiones de la Universidad de Barcelona (UB) y de la Pompeu Fabra (UPF) al Pacto Nacional por el Referéndum porque considera que es una decisión «ilegítima» e «ilegal».
Joves de Societat Civil Catalana, cuyo coordinador denunció el pasado marzo que en la Universidad Autónoma de Barcelona les «insultan, escupen y dan codazos», han emitido un comunicado en el han denunciado que «nos encontramos ante una decisión ilegítima», pues el Consejo de Gobierno de las universidades «se elige por razones académicas, no ideológicas, y por tanto no dispone de ninguna legitimidad para tomar este tipo de decisiones».
Además, SCC cree que la decisión es «absolutamente opaca, tomada a espaldas del alumnado y del resto de la comunidad universitaria», en la que ni siquiera se ha consultado al claustro ni a ningún otro órgano de representación.
Tampoco se ha propiciado antes un debate «con garantías, abierto y transparente, como parece exigible en cualquier entorno que se precie de democrático», añaden los jóvenes de SCC, que califican de «tóxica» la posición de la UB y la UPF por «partidista, pues «no hace más que erosionar las bases de la convivencia en la comunidad».
«La universidad debe garantizar el libre debate de ideas en igualdad de condiciones. Tomar parte y convertir una ideología en oficial atenta contra lo anterior, socava la neutralidad que deben mantener las instituciones públicas y viola la libertad ideológica de los estudiantes, docentes, y demás personal universitario», concluye SCC.
Tambien insiste en la «ilegalidad» porque recientemente en una sentencia del TSJC se ha expulsado al Colegio de Abogados de Barcelona y al Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.
«En dicha resolución el tribunal considera que se trata de una adhesión política que vulnera la libertad ideológica de las personas, una libertad indisolublemente unida al pluralismo político, que es, tal como establece nuestra Constitución, un valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico», ha recordado SCC.
 
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