La aprobación en el Consejo de Ministros del Estatuto del Becario ha abierto un nuevo frente para el Gobierno de Sánchez. Las palabras de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, Yolanda Díaz, sobre el alcance de la norma han provocado una rebelión entre estudiantes en prácticas, que denuncian que el texto «limita su aprendizaje» y perjudica su futuro profesional.

Durante la presentación de la norma, Díaz explicó cómo afectaría a determinados sectores, como el periodístico. «Si una persona está haciendo prácticas no laborales no podría publicarse una pieza, ninguna imagen gráfica ni voz ni pieza televisiva o en redes sociales», afirmó.

Según publica ABC, las declaraciones han generado malestar entre universitarios que actualmente realizan prácticas, especialmente en titulaciones donde la visibilidad del trabajo es clave para iniciar una carrera profesional. Gabriel Suárez, estudiante de Periodismo en la Universidad de La Laguna, considera que la interpretación del Estatuto del Becario puede convertirse en un obstáculo para quienes intentan abrirse camino en el sector.

«Cualquier estudiante de Periodismo quiere que su trabajo se publique para que se vea que es un trabajo válido y, sobre todo, para ir creando un currículum profesional», explica. A su juicio, impedir que las empresas o medios publiquen los contenidos elaborados durante las prácticas supone restar valor al aprendizaje real. «Se dice que la empresa no puede publicar las piezas que se elaboren para no sacar un rédito económico. Esto es algo que no entendemos, nos perjudica», añade.

Las críticas no se limitan al ámbito periodístico. Estudiantes de otras disciplinas también cuestionan el planteamiento del Gobierno con el nuevo Estatuto del Becario, que todavía deberá ser aprobado por el Congreso.

María Ángeles Guzmán, estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Jaén, califica de «preocupante» que se reduzcan las competencias que pueden asumir los becarios durante su formación.

«Las prácticas son un puente entre la teoría y la realidad profesional. Sin esta experiencia directa, es bastante complicado saber cómo vamos a poder aprender», asegura. Además, critica que la comunidad universitaria y los propios estudiantes no hayan participado en la elaboración de la norma, algo que también han denunciado los rectores.

En la misma línea se pronuncia Mario Fuentes, estudiante de Medicina en la Universidad de Extremadura: «Queremos poder aprender una profesión».

El Estatuto del Becario, que busca combatir lo que el Ejecutivo considera abusos en las prácticas no laborales, introduce varias medidas. Entre ellas, un régimen sancionador con multas de hasta 225.000 euros para las empresas, la compensación de gastos a los estudiantes y un límite de 480 horas para las prácticas extracurriculares.

Desde el Gobierno defienden que la reforma pretende frenar la explotación laboral encubierta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, fue especialmente contundente al justificar la iniciativa. «No se puede consentir de ninguna manera que terminen siendo contratos de personas trabajadoras o que se cubran puestos de trabajo […]. Es mano de obra esclava, y con esto hay que acabar», afirmó. La norma también prevé la creación de un «buzón de las personas becarias», que permitirá denunciar situaciones como la sustitución de trabajadores de plantilla, la realización de tareas equivalentes a las de empleados o la falta de tutorización.

Sin embargo, el texto también ha generado preocupación en el ámbito empresarial. La CEOE advierte de que la regulación podría provocar una reducción de la oferta de prácticas.

Su presidente, Antonio Garamendi, alertó de que las empresas «no van a tener la seguridad jurídica para llevarlo a cabo».