Uno de los imputados en la causa de narcotráfico ha desvelado ante la Audiencia Nacional que las redes criminales llevaban años contando con la colaboración de guardias civiles destinados en el puerto de Ceuta para introducir droga desde Marruecos. Su testimonio, que provocó la reacción de la fiscal —quien no pudo contener un susurro de incredulidad—, ha aportado nuevos detalles sobre una trama que gira en torno a un sofisticado túnel subterráneo entre ambos territorios.
El investigado, acusado de participar en labores de vigilancia y transporte de cerca de 1.400 kilos de hachís, aseguró que aceptó implicarse en la organización por necesidad económica, a cambio de cantidades que rondaban entre los 3.000 y 4.000 euros. Según explicó, fue captado por quien los investigadores consideran el líder de la red, A.M., hermano de un diputado ceutí actualmente no adscrito tras abandonar su formación política.
Durante su declaración ante la magistrada María Tardón, el encausado sostuvo que conocía tanto al político como a su hermano por coincidencias personales en Ceuta, aunque negó mantener una relación cercana con ellos. También aseguró desconocer la cantidad exacta de droga que transportaba, ya que la carga permanecía oculta en un remolque al que, según dijo, nunca tuvo acceso.
La investigación, enmarcada en la denominada Operación Hades y adelantada por La Razón, ha puesto el foco en la presunta implicación de varios agentes de la Guardia Civil. En concreto, cuatro efectivos están siendo investigados por supuestamente facilitar el paso de la droga a cambio de pagos que podían alcanzar los 12.000 euros. Entre las actuaciones que se les atribuyen figuran revisiones selectivas de vehículos o el suministro de información confidencial procedente de bases policiales.
El propio detenido afirmó que la existencia de agentes «comprados» en el puerto era algo conocido en la ciudad y que no se trataba de una práctica reciente. Según su versión, las organizaciones criminales ya operaban con la certeza de tener el «camino despejado» antes incluso de que él participara en el traslado de la mercancía, que fue interceptada finalmente en la provincia de Málaga.
El origen de la causa se remonta al hallazgo de un túnel clandestino descubierto en marzo de 2025 tras la incautación de más de seis toneladas de hachís ocultas en varios camiones. La galería, de unos 50 metros de longitud y 12 de profundidad, conectaba una nave industrial del polígono del Tarajal con una instalación situada en territorio marroquí, dentro de un recinto militar. Las investigaciones apuntan a que llevaba operativa al menos una década.
Ante la relevancia de esta infraestructura, la jueza instructora ha ordenado reforzar la seguridad del lugar con sistemas de videovigilancia para evitar su reutilización o la destrucción de posibles pruebas. Además, se han cursado solicitudes de cooperación a Marruecos para inspeccionar la salida del túnel, sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta.
El procedimiento judicial continúa abierto por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y cohecho. No obstante, fuentes cercanas al caso apuntan a que la instrucción podría concluir próximamente, lo que daría paso a la fase de procesamiento de los implicados.
