Varios agentes de los Mossos de Esquadra han adquirido la condición de testigos protegidos por su colaboración con la Guardia Civil en las investigaciones que se siguen por el desempeño de la Policía autonómica catalana durante el referéndum del 1-O.
Fuentes policiales han confirmado que, como ha informado la Cadena Ser, agentes del Cuerpo regional colaboran en causas abiertas en varios juzgados catalanes por las distintas denuncias interpuestas por la supuesta inacción de los Mossos pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de que impidiesen la celebración del referéndum ilegal.
Son al menos 17 los juzgados catalanes que investigan la supuesta inactividad y desobediencia de los Mossos de Esquadra ante las instrucciones judiciales que les ordenaban cerrar los colegios electorales del 1-O.
Todo ello, sumado a las pesquisas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la jueza Carmen Lamela por un delito de sedición que afectan al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente del Cuerpo Teresa Laplana y a los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, respectivamente, ambos en prisión desde el pasado 16 de octubre.
En el marco de estas investigaciones sobre el papel de los Mossos el 1-O , la semana pasada, por orden de un juzgado de Lérida, la Guardia Civil entró en la comisaría de los Mossos en dicha ciudad y en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalidad para localizar comunicaciones entre los agentes de la Policía catalana y sus mandos para poder evaluar su actuación esos días.
Ante esa presunta inacción de la Policía autonómica de cara al referéndum, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió la prisión del mayor Trapero, pero la juez Carmen Lamela rechazó aplicarle esta medida, «sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias».
Invitaba así a la Fiscalía a ampliar al 1-O la primera denuncia que presentó por el asedio a la Guardia Civil en la Consejería de Economía de la Generalidad durante una operación para impedir el referéndum ilegal y cuya actuación en estos hechos «no aparece todavía suficientemente perfilada» como para decretar su prisión, según expuso la juez en un auto tras interrogarle.
Por ello, Lamela optó por imponerle a él y a la intendente medidas cautelares más leves: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono en los que estar localizados.
El pasado viernes, y a petición de la Fiscalía, la juez comunicó oficialmente a la Consejería de Interior de la Generalidad las medidas cautelares de Trapero, «a los efectos legales que sean oportunos».
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