
El pasado 22 de julio Vicente Cecilio Fernández Guerrero llegó con antelación al Senado para comparecer ante la comisión del caso PSOE, un escenario que reflejaba la compleja trayectoria de un jurista que ha ocupado algunos de los puestos más sensibles dentro del entramado institucional del socialismo andaluz. Evitó responder a las preguntas amparándose en su entonces condición de acusado en el caso Aznalcóllar, una fórmula que utilizó con precisión jurídica.
A los pocos días, la Audiencia Provincial de Sevilla lo absolvió junto a otros 15 procesados por el supuesto amaño del concurso que otorgó la explotación de la mina a México-Minorbis. Aquella resolución cerraba una de las etapas más delicadas de su carrera pública y devolvía el foco a la pregunta principal: ¿quién es Fernández Guerrero y cómo llegó a ocupar posiciones tan estratégicas?
Su propio currículum, detallado en la web de la SEPI, lo presenta como un jurista formado en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo el título de Derecho en 1996. Tres años después logró el número uno en las oposiciones al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, un mérito que marcó el inicio de una carrera institucional estrechamente ligada al PSOE andaluz, recuerda El Debate.
El impulso definitivo llegó de la mano de María Jesús Montero, que convirtió a Fernández Guerrero en uno de sus perfiles de confianza. En 2016, cuando ella era consejera de Hacienda, lo ascendió a Interventor General de la Junta, y tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, ya como ministra, lo situó al frente de la SEPI, organismo clave que presidió entre 2018 y 2019. Antes de ese ascenso había ocupado cargos relevantes en el Gobierno de Susana Díaz, como la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, además de la presidencia de la Agencia Andaluza de la Energía.
Tras su dimisión en la SEPI, su destino profesional dio un giro hacia el sector privado. En 2021 obtuvo autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses para incorporarse a Servinabar, la empresa vinculada al caso PSOE y a las presuntas mordidas en obra pública. Allí percibió un sueldo de 6.000 euros mensuales, según él mismo reconoció, y permaneció hasta 2023.
Sin embargo, lo que más llama la atención de su trayectoria reciente es el rápido crecimiento de su patrimonio inmobiliario desde su llegada al Gobierno. El bien más destacado es un piso de gran tamaño en Puerta de Hierro, adquirido en agosto de 2018 y valorado hoy en unos 1,4 millones de euros. A esa propiedad le sucedieron otras: viviendas en Marbella (Jardines de Don Carlos, Carib Playa y Lance de las Cañas), garajes, trasteros y un chalet pareado en la urbanización La Juliana (Sevilla). En mayo de 2025 añadió otro piso en Jardines de Don Carlos junto a dos nuevas plazas de garaje.
Con una carrera construida a la sombra de los ejecutivos socialistas andaluces y una expansión patrimonial especialmente intensa en los últimos años, la figura de Fernández Guerrero se ha convertido en una pieza relevante para comprender cómo se han movido determinados cuadros dentro de la estructura del poder socialista.