El Gobierno de Ceuta ha elevado a 60.000 el número de inmigrantes ilegales que han entrado en la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos. La cifra supera las estimaciones oficiales del Ministerio del Interior, que cifraban en casi 49.000 las llegadas en las últimas 24 horas, equivalentes a cerca del 60% de la población de la ciudad (unos 83.000 habitantes). «Las entradas siguen produciéndose», afirman los agentes, quienes subrayan que la población de origen marroquí ya es mayoritaria en la mayoría de los enclaves urbanos, lo que hace «visible» una magnitud real «bastante superior a la que se comunica de forma oficial».

La presión no se limita a las entradas ilegales. Según los mismos agentes, se han producido numerosas okupaciones de viviendas vacías cuyos propietarios han tenido que requerir la intervención policial ante la negativa de los ocupantes a abandonar los domicilios. Paralelamente, se registran hurtos en establecimientos y conatos de violencia y hostilidad hacia los ceutíes, especialmente contra las mujeres. Estos hechos, combinados con la ausencia de refuerzos especializados, generan una situación de máxima tensión.

Las autoridades temen que un movimiento de estas características se convierta en un vector de infiltración de activos militares y personas radicalizadas. «Una magnitud de movimiento de estas características es un vector de infiltración para activos militares y radicalizados y, ante la ausencia de documentación en la mayoría de casos, esto supone una delicada situación en materia de seguridad nacional», advierten. Los agentes reclaman refuerzos especializados en inteligencia e información, así como un cribado identificativo urgente en instalaciones habilitadas al efecto. «Necesitamos refuerzos especializados en inteligencia e información», insisten. Advierten además del riesgo de que se activen operaciones internas en Ceuta, donde ya se observa que algunos de los recién llegados desarrollan roles de liderazgo. «En estos momentos no tenemos órdenes expresas o concisas para actuar frente a un escenario de estas características», señalan.

En Melilla la situación es distinta pero igualmente preocupante. Los agentes consultados confirman que las tentativas de entrada se mantuvieron continuadas durante toda la noche y solo a las cinco de la madrugada descendió la presión. Se han consolidado más de 600 entradas ilegales. Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil actuaron de forma conjunta y sincronizada, incluso con agentes que no se encontraban de servicio. «Se respira un ambiente de calma tensa», describen. Los efectivos temen la repetición de episodios similares a los de Ceuta y solicitan refuerzos logísticos y humanos. Melilla sufre las consecuencias, aunque el peligro más inmediato se sitúa en Ceuta.

Fuentes de las Fuerzas Armadas desplegadas sobre el terreno transmiten la orden recibida: «Nos han dado la orden de ir informando al personal de que tienen dos opciones, regresar por sus propios medios a la frontera y cruzar a Marruecos sin represalias o que cuando se dé la orden se irá recogiendo al personal, fichándolos y deportándolos con la consecuencia de no poder volver a entrar a la UE».

Durante la noche se produjeron también tentativas de entrada al puerto marítimo de Ceuta con la intención de robar embarcaciones para dirigirse a territorio peninsular. Los agentes solicitan un incremento de la vigilancia marítima en el área del Estrecho y el Mar de Alborán ante una posible planificación de trayectos que dificultarían aún más la identificación de individuos que puedan suponer una amenaza grave. Consideran que debería declararse la situación de emergencia y elevar el nivel de alerta antiterrorista al 5 para actuar frente a posibles amenazas.

La secuencia de hechos —entradas masivas, okupaciones, hurtos, hostilidad ciudadana y riesgo de infiltración— pone de relieve la vulnerabilidad de las fronteras terrestres españolas frente a movimientos orquestados desde el territorio vecino. La magnitud de la afluencia, superior a la población de numerosas capitales de provincia españolas en un solo día, desborda los servicios públicos, los centros de acogida y las capacidades de las fuerzas de seguridad. La presencia de miles de menores entre los llegados (al menos 7.000 según estimaciones oficiales previas) añade una capa administrativa y asistencial adicional.

Mientras las autoridades locales y los agentes sobre el terreno reclaman medios especializados, inteligencia y un cribado urgente, la ausencia de órdenes claras para neutralizar posibles estructuras de liderazgo internas y la presión simultánea sobre Melilla configuran un escenario de alta complejidad en materia de seguridad nacional. La vigilancia marítima reforzada y la elevación del nivel de alerta aparecen como demandas concretas de quienes gestionan la crisis en primera línea.