La modificación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos ha indignado, más si cabe, al sector agrario español, y en especial al almeriense, que teme un nuevo golpe a sus cultivos más emblemáticos. El motivo de la controversia radica en que el nuevo texto extiende los beneficios arancelarios a los productos procedentes del Sáhara Occidental, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que esos cultivos no podían considerarse marroquíes y debían contar con el consentimiento explícito del pueblo saharaui antes del 1 de octubre.

El malestar es especialmente visible en Andalucía, donde los agricultores denuncian una situación de competencia desleal. Según advierten desde Asaja y COAG, el melón y el tomate marroquí —provenientes en buena parte de explotaciones situadas en el Sáhara Occidental— llegan al mercado europeo con costes mucho más bajos y sin cumplir las mismas exigencias medioambientales, sanitarias o laborales que se imponen a los productores europeos. En la práctica, explican, eso deja en clara desventaja al tomate almeriense, que ha sido históricamente líder de exportación con 634 millones de euros facturados en 2024.

El acuerdo, además, se ha tramitado de manera polémica. Bruselas ha utilizado un procedimiento de urgencia que evita su paso por el Parlamento Europeo, bastando únicamente la ratificación del Consejo para su aprobación definitiva. Desde Asaja, su representante en Bruselas, José María Castilla, denuncia que «se ha cerrado un pacto sin control democrático» y que el proceso ha carecido de transparencia. El propio texto introduce una interpretación polémica de la sentencia del TJUE, al afirmar que el consentimiento del pueblo saharaui «no debe ser necesariamente explícito», sino que puede entenderse implícito mientras no genere obligaciones directas para ese territorio.

En el Frente Polisario ya han anunciado su oposición frontal al nuevo marco legal, calificándolo de maniobra política para burlar la justicia europea. Para los sindicatos agrarios españoles, esta «argucia legal» sólo sirve para contentar a Rabat y mantener el flujo comercial, mientras se sacrifica la competencia justa y la trazabilidad de los productos. Andrés Góngora, responsable de hortalizas de COAG, lamenta que «la Comisión Europea se burla de los consumidores al permitir un etiquetado engañoso que disfraza de marroquí lo que en realidad es saharaui».

Las cifras respaldan las preocupaciones del campo español. Marruecos exportó a la UE en 2024 unas 580.000 toneladas de tomate, un 18% más que el año anterior. En 2021, ese volumen era de apenas 156.000 toneladas. En cambio, las exportaciones españolas de tomate han caído en diez años de 786.599 toneladas a poco más de 591.000. Solo en los primeros seis meses de 2025, España importó 46.742 toneladas de tomate marroquí, un incremento del 56% respecto al mismo periodo de 2024.

Los productores denuncian también la consolidación de un auténtico hub hortofrutícola en el Sáhara Occidental, desde donde ya sale una quinta parte del tomate exportado por Marruecos. Especialmente castigado está el tomate cherry, un cultivo más costoso por su recolección manual intensiva, cuyo precio ha sido “hundido” por la competencia magrebí.

Ante esta situación, las organizaciones agrarias reclaman que España vote en contra del acuerdo en el Consejo de la UE y que se cumpla íntegramente la sentencia del TJUE. Exigen un etiquetado transparente que refleje el verdadero origen de los productos, la inclusión de cláusulas de salvaguardia y un estudio de impacto sobre el empleo y la renta agraria. “No pedimos privilegios —insiste el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco—, solo reciprocidad. No se puede exigir a los agricultores europeos altos estándares medioambientales y laborales mientras se permite competir con producciones que no los cumplen”.

El fondo del problema, según el sector, no es solo comercial, sino también ético: un intento de la Unión Europea de buscar un atajo legal para contentar a Marruecos a costa del campo español y de la propia justicia europea.