El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha calificado este martes de «injusto e inmoral» advertir del «caos» si no se prorroga el estado de alarma y ha acusado al Gobierno de propagar este «bulo jurídico», porque el Estado dispone de mecanismos legales para garantizar la desescalada.
Buxadé ha denunciado en RNE el «chantaje» del Gobierno a la oposición y ha asegurado, en contra de lo defendido ayer por varios ministros de Pedro Sánchez, que se puede organizar la desescalada sin estado de alarma y con el ordenamiento jurídico actual.
Como ejemplo, ha citado la Ley Orgánicas de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública que incluye medidas de protección para evitar la transmisión de enfermedades.
Según ha recalcado, desde 1986 está establecido que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, las autoridades sanitarias podrá adoptar las medidas oportunas para el control de enfermos, personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y el medio ambiente inmediato, así como todas aquellas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible».
«Se puede, el Estado ya tiene mecanismos», ha insistido, que ha vuelto a demandar test masivos a la población como primera medida que determine, con criterios sanitarios, las personas que pueden desarrollar su actividad con normalidad.
Ha insistido en que son las autoridades sanitarias las que deben señalar si el desconfinamiento podría o no agravar la incidencia de la enfermedad.
«Los políticos no debemos estar dedicando tiempo a esto, tenemos que estar a lo que nos digan nuestros expertos sanitarios (…) y, a partir de ahí, tomar las mejores soluciones que son las que menos derechos y libertades restrinjan», ha subrayado.
Preguntado por si la economía española podrá aguantar en solitario el impacto de la crisis, ha abogado por que el Gobierno pida ayuda financiera a la Unión Europea.
Pero ha advertido de que el Ejecutivo de Sánchez y su plan de reformas carecen de credibilidad en Europa y de que el rescate de la UE implica bajar los sueldos de los funcionarios, las pensiones y la política social.
«Lo vimos en Grecia. En esto consisten las intervenciones de Bruselas y a esto es a lo que nos está abocando por desgracia la inacción del Gobierno, que no ha hecho ni un solo plan de reducción del gasto», ha concluido Buxadé.
