VOX ha anunciado una intensificación de su acción política y social en Cataluña con una batería de movilizaciones contra lo que considera los tres grandes fracasos del actual modelo político: la inmigración masiva, la islamización, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y el deterioro del sistema ferroviario, especialmente en Rodalies.

El secretario general del partido y presidente del grupo parlamentario VOX en Cataluña, Ignacio Garriga, ha avanzado una «ofensiva en la calle» que arrancará el 31 de enero en Barcelona, con una manifestación contra las ZBE en la plaza Colón, y continuará en febrero con nuevas protestas en Tarragona contra el avance del islamismo y la inmigración masiva. A ello se suma el respaldo de la formación a la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, en protesta por el caos ferroviario y la falta de garantías de seguridad en Rodalies.

En una comparecencia ante los medios junto al portavoz parlamentario, Joan Garriga, la dirección de VOX en Cataluña ha denunciado la existencia de «dos Cataluñas»: la de las élites políticas y administrativas, «instalada en la Agenda 2030 y el discurso oficial», y la Cataluña real de los barrios, «marcada por la inseguridad, la pérdida de identidad, los sueldos precarios y la imposibilidad de acceder a una vivienda».

Garriga ha cargado con dureza contra la gestión del servicio de Rodalies, calificándolo de «auténtico desastre», y ha acusado al PSC, ERC y Junts de utilizar el debate sobre el traspaso de competencias no para mejorar el mantenimiento, sino para «crear nuevas estructuras, colocar afines y mover dinero público». En este contexto, ha anunciado que VOX apoyará activamente la huelga de maquinistas y ha confirmado la presentación de una querella por presunto homicidio imprudente contra responsables de Adif tras el accidente de Adamuz.

«Las ZBE son un castigo clasista contra trabajadores y familias»

Uno de los ejes centrales de la movilización será la oposición frontal a las Zonas de Bajas Emisiones, que VOX define como «un castigo clasista contra trabajadores y familias». Según Garriga, estas restricciones afectan directamente a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo —fontaneros, enfermeras, autónomos o personas mayores— mientras «las élites políticas se desplazan con chófer o sin restricciones». El partido ha anunciado recursos judiciales en los 38 municipios catalanes donde ya se aplican las ZBE y ha avanzado que, allí donde tenga influencia institucional, trabajará para neutralizarlas.

En materia de vivienda, VOX ha atribuido el encarecimiento de los precios a la combinación de falta de construcción, salarios precarios y presión migratoria, asegurando que «no cabe ni un inmigrante más». La formación propone liberalizar suelo, reducir impuestos y priorizar fiscalmente a los nacionales, financiando parte de las políticas de vivienda social con los impuestos que pagan los extranjeros.

VOX exige el cierre de los centros de menas

En el ámbito de la seguridad, Garriga ha afirmado que «Cataluña no es un lugar seguro» y ha vinculado el aumento de la criminalidad a la inmigración ilegal con la “cultura del buenismo”. Como respuesta, VOX plantea expulsiones y repatriaciones inmediatas, el cierre de centros de menores extranjeros no acompañados, la ampliación de los CIE y un plan de barrios seguros con mayor presencia policial.

Por último, Ignacio Garriga ha reivindicado a VOX como la «única alternativa real al bipartidismo y al separatismo, acusando tanto al PSOE como al PP de sostener un mismo proyecto político».