VOX ha interpuesto una denuncia penal ante el Juzgado de Instancia de Santiago de Compostela contra la alcaldesa del BNG, Goretti Sanmartín, y contra la subdelegada del Gobierno en La Coruña, Obdulia Taboadela, por los gravísimos hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre en el Centro Sociocultural de Santa Marta, donde la izquierda radical y el separatismo gallego boicotearon un acto político de la formación.

VOX contaba con autorización para celebrar un acto de inicio de curso político con la intervención del jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, la vicesecretaria nacional de Organización, María Ruiz, y los cuatro presidentes provinciales.

Sin embargo, radicales de extrema izquierda y del separatismo gallego ocuparon el centro municipal, desplegaron simbología ultraizquierdista y separatista, y bloquearon los accesos.

Cientos de personas se concentraron en las inmediaciones del recinto lanzando gritos e intimidaciones, en un ambiente que obligó a la Policía Nacional a intervenir y a cargar para proteger a los cargos y simpatizantes de VOX, que finalmente no pudieron acceder al interior del centro sociocultural.

La denuncia subraya que tanto la alcaldesa Sanmartín, como titular del inmueble municipal cedido para el acto, como la subdelegada Taboadela, como autoridad gubernativa obligada a garantizar el derecho de reunión, conocían de antemano la convocatoria pública de boicot y la ocupación anunciada.

«A pesar de ello, omitieron deliberadamente cualquier medida para desalojar a los ocupantes, restablecer el uso legítimo del centro y proteger el ejercicio de derechos fundamentales de los miembros de VOX», señala el partido.

Galiza Nova, organización juvenil del propio BNG al que pertenece la alcaldesa Goretti Sanmartín, figuraba entre las entidades convocantes del boicot, lo que agrava la responsabilidad política e institucional de la regidora.

Los hechos son constitutivos, entre otros, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas; un delito de odio; un delito de coacciones agravadas por afectar a un derecho fundamental; un delito de desórdenes públicos; comisión por omisión y omisión del deber de promover la persecución de delitos; y agravante de discriminación ideológica.

«La izquierda radical y el separatismo que gobiernan Santiago, amparados por el Gobierno de Pedro Sánchez, han demostrado una vez más que no toleran la disidencia, la igualdad entre españoles ni la libertad, y que prefieren la violencia callejera, la ocupación de espacios públicos y la intimidación a quienes no comulgan con su ideología totalitaria. Quieren que Galicia se convierta en un coto cerrado de la izquierda y del separatismo», ha agregado VOX.