«Hoy se aprueba en el Consejo de Ministros por el Gobierno de Pedro Sánchez el decreto de regularización masiva. Un decreto que supone una traición al pueblo español que pone en peligro nuestra seguridad, nuestra identidad y el funcionamiento de nuestros servicios públicos». Esta ha sido la denuncia de la portavoz nacional de Agenda España de VOX, Isabel Pérez Moñino, frente al Congreso de los Diputados, donde la formación ha presentado su campaña La inmigración masiva tiene consecuencias.

Pérez Moñino ha afirmado que este Real Decreto «cristaliza la rúbrica criminal de años de un bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista que lanzan mensajes y aprueban políticas de fronteras abiertas que ponen en peligro a nuestra nación» y ha subrayado que VOX «se ha opuesto desde el primer momento» y que la formación «va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo con petición de medida cautelar para suspender la aplicación de este decreto».

«La invasión migratoria vacía las arcas públicas y llena cárceles», ha dicho, antes de recordar que esta situación ya se refleja en los servicios públicos: «Las listas de espera están aumentando exponencialmente en todas las regiones de España». «No podemos ser el hospital del mundo. La solidaridad sin control no es solidaridad, es una irresponsabilidad«, ha insistido.

Por su parte, el portavoz nacional en materia de vivienda, Carlos H. Quero, ha insistido en el impacto de la inmigración masiva en el acceso a la vivienda: «La inmigración masiva tiene consecuencias que padecen a diario los españoles en todos los frentes de su vida».

«En los últimos cinco años en España han entrado más de tres millones netos de personas», lo que, unido a la falta de construcción de vivienda y a las regulaciones del Gobierno, ha provocado que haya !cada vez menos pisos ofertados y cada vez más personas buscando un piso». esto se traduce en «hacinamiento, menos metros cuadrados para cada ciudadano y una subida de precios drástica«.

Además, ha advertido que la inmigración masiva «fuerza una competencia desleal» en el mercado laboral, lo que implica «menos dinero a final de mes en el bolsillo del español y mucho más dinero que tiene que destinar precisamente para pagar la vivienda» Finalmente, Quero ha defendido que «las casas que se abran en España tendrán que ser para los españoles» y que «los servicios públicos tendrán que ser prioritariamente para los españoles».