Una batería de preguntas realizada por VOX ha destapado que el Gobierno recibió entre 2021 y 2025 quejas por el uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para sufragar actividades como talleres de risoterapia, reggaeton, crochet, yoga y suelo pélvico, elaboración de jabones caseros, catas de chocolate, actos LGTBI y hasta un «homenaje a la vagina» o una tertulia flamenca.
La información figura en una respuesta parlamentaria escrita del Ejecutivo a las cuestiones planteadas por la formación de Santiago Abascal, que solicitó explicaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas en la utilización de estas partidas públicas, destinadas a financiar iniciativas de «prevención y lucha contra la violencia machista».
Entre otros aspectos, VOX reclamó un listado de las denuncias y quejas registradas durante ese periodo, así como información sobre las actuaciones emprendidas en cada caso. El partido también preguntó cuántas de ellas dieron lugar a la apertura de expedientes, procedimientos sancionadores o, por el contrario, terminaron archivadas sin que se derivaran consecuencias administrativas o judiciales.
La formación pidió igualmente aclaraciones sobre los motivos por los que el Ejecutivo no pudiera facilitar la totalidad de esos datos y sobre una posible falta de transparencia en la supervisión y fiscalización de los recursos públicos.
El Gobierno defiende que las revisiones no son sancionadoras
En su contestación, el Ejecutivo sostiene que las comprobaciones sobre el destino de las partidas del Pacto de Estado no persiguen imponer sanciones, sino verificar que las administraciones beneficiarias cumplen las condiciones establecidas para utilizar el dinero.
Según recoge la respuesta, las quejas recibidas dan lugar a un proceso de análisis y seguimiento administrativo. En ese procedimiento, el Ministerio solicita información a los ayuntamientos implicados para comprobar si las actividades cuestionadas se ajustan a los objetivos para los que se concedieron los fondos.
El Gobierno asegura que las iniciativas que no guardan relación con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no pueden financiarse con cargo a estas partidas. Sin embargo, la contestación enmarca las actuaciones de revisión en el ámbito del control administrativo y no en el de los procedimientos sancionadores.
Una guía distribuida a 7.880 municipios
El Ejecutivo afirma que desde 2024 ha intensificado las medidas de vigilancia sobre el uso de estos recursos para reforzar su trazabilidad, transparencia y carácter finalista, de modo que las cantidades transferidas se destinen a los fines previstos.
Una de las principales iniciativas ha sido la elaboración de una guía para orientar a las entidades locales sobre la utilización adecuada de los fondos del Pacto de Estado renovado. El documento se presentó el 7 de mayo de 2025 y se difundió a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) entre los 7.880 ayuntamientos.
Además, Igualdad asegura que ha habilitado canales específicos de asistencia técnica para resolver las consultas de las administraciones locales. Entre ellos figuran un buzón de atención y una línea telefónica exclusiva para aclarar dudas durante las distintas fases de ejecución de los proyectos.
Más controles sobre las justificaciones de gasto
Entre las medidas descritas por el Gobierno también se encuentra el refuerzo de la revisión de las justificaciones presentadas por los ayuntamientos. Cuando se detectan actuaciones que no cumplen los requisitos para ser financiadas, se solicitan subsanaciones. El Ejecutivo incluye igualmente entre sus actuaciones el control de los remanentes y la organización de acciones formativas dirigidas a las Unidades de Violencia sobre la Mujer y a las entidades locales.
El objetivo declarado de estas iniciativas es unificar los criterios sobre qué gastos pueden sufragarse con las partidas del Pacto de Estado y mejorar la supervisión de su aplicación.
Por último, el Gobierno recuerda que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, remitió una carta a las entidades locales después de la aprobación de los fondos correspondientes a 2024 y 2025. En ella, según la respuesta parlamentaria, se incidía en los criterios que deben respetarse para garantizar el uso adecuado de estas cantidades.
