El portavoz de VOX en el Consell Comarcal del Baix Llobregat, Iván Cánovas, ha denunciado la concesión de 400.000 euros vinculados al programa ACOL y ha criticado que las administraciones públicas destinen recursos a programas dirigidos a personas migrantes extracomunitarias en situación administrativa irregular.

El programa ACOL de la Generalitat contempla precisamente la contratación, formación y acompañamiento de inmigrantes que cumplen los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales de arraigo. La convocatoria de 2026 cuenta con un presupuesto global de 19,75 millones de euros y permite a ayuntamientos y consejos comarcales participar como entidades beneficiarias.

Para VOX, el caso del Baix Llobregat evidencia una prioridad política que consideran equivocada: destinar recursos públicos a facilitar la incorporación laboral de personas que se encuentran en situación administrativa irregular mientras existen trabajadores y familias españolas que afrontan dificultades económicas y una elevada presión fiscal.

«Estamos hablando de 400.000 euros de dinero público en el Baix Llobregat para un programa que permite contratar a inmigrantes ilegales y que buscan regularizar su situación. Mientras tanto, nuestros vecinos tienen que pagar cada vez más impuestos y hacer frente a una burocracia cada vez mayor», ha denunciado Cánovas.

El portavoz de VOX en el Consell Comarcal ha reclamado explicaciones sobre el destino concreto de estos fondos y sobre el número de contrataciones previstas.

«Queremos saber cuántas personas van a ser contratadas, qué puestos van a ocupar, cuánto va a costar realmente todo el programa y qué criterios se están aplicando. El dinero público debe servir para atender las necesidades de nuestros vecinos, no para generar incentivos que puedan favorecer nuevas llegadas irregulares», ha señalado.

Cánovas ha insistido en que el debate debe centrarse en las prioridades de las administraciones públicas. «Con VOX, el dinero de los españoles será para los españoles. Nuestros impuestos deben destinarse a mejorar los servicios públicos, ayudar a las familias, apoyar a nuestros trabajadores y garantizar la seguridad, no a financiar políticas que incentiven la inmigración ilegal», ha concluido.