VOX ha destapado que el PSC quiere destinar casi tres millones a servicios de traducción en el departamento de Interior de la Generalidad de Cataluña, una partida incluida en los presupuestos autonómicos y que, según denuncia la formación, estaría vinculada al aumento de actuaciones policiales con personas que no hablan español ni catalán.

La polémica surgió después de que dirigentes de VOX señalaran que el Gobierno catalán prevé reservar cerca de 2,7 millones de euros anuales para servicios de interpretación y traducción destinados a actuaciones policiales y administrativas dentro del Departamento de Interior. Según la formación, este gasto estaría relacionado con la necesidad de traducir declaraciones y diligencias cuando los detenidos o implicados no dominan ninguno de los idiomas oficiales.

Desde VOX sostienen que esta partida presupuestaria confirma, a su juicio, el impacto de la inmigración en el ámbito de la seguridad. El partido recuerda además datos publicados por la propia Generalidad que indican que una parte importante de la población penitenciaria en Cataluña es de nacionalidad extranjera, una estadística que la formación utiliza para cuestionar las políticas migratorias actuales.

Durante una intervención pública, representantes del partido criticaron que se destinen recursos a traducciones en procedimientos policiales cuando, según afirman, ese dinero podría emplearse en otras áreas prioritarias como la sanidad, la educación o las ayudas sociales.

La formación también defendió que su propuesta pasa por endurecer las medidas contra los extranjeros que cometan delitos, planteando su expulsión del país como alternativa a otros mecanismos administrativos. Según su argumentación, una política migratoria más restrictiva permitiría reducir este tipo de gastos asociados a la gestión policial y judicial.

Por el momento, desde el Gobierno catalán no se han pronunciado específicamente sobre esta crítica. Sin embargo, en la administración pública es habitual que existan servicios de traducción e interpretación para garantizar la correcta comunicación en actuaciones policiales o judiciales cuando intervienen personas que no conocen las lenguas oficiales.

El debate se suma así a la discusión política en Cataluña sobre inmigración, seguridad y gestión de recursos públicos, un tema que continúa generando confrontación entre los distintos partidos.