VOX ha enterrado la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional tras la drástica reducción de su presupuesto de once a dos millones de euros, una medida que deja al organismo sin fondos para nuevos proyectos y que, según el partido, pone fin a años de despilfarro de dinero público extremeño en causas ajenas a la región.

La decisión, una de las condiciones impuestas por VOX para formar gobierno con el PP en Extremadura e investir a María Guardiola, se ha materializado en los presupuestos de 2026. La directora general de la AEXCID, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras el recorte, y la Junta ha confirmado que no cubrirá su puesto, amortizándolo para ahorrar más de ochenta y cinco mil euros anuales. Los funcionarios serán reubicados en otros servicios de la Administración autonómica. El resultado es claro: la agencia queda desmantelada en su función principal. Ya no habrá convocatorias de subvenciones para cooperación internacional. Los dos millones restantes se limitan a gastos de personal, sin actividad operativa en el exterior.

Extremadura, una de las comunidades más pobres de España y Europa, con tasas de paro estructurales, jóvenes que emigran y problemas crónicos de infraestructuras y despoblación, llevaba años destinando millones de euros de sus contribuyentes a proyectos en países lejanos. Entre 2007 y 2021, la AEXCID gestionó decenas de millones en Ayuda Oficial al Desarrollo, con picos como los once coma uno millones de euros solo en 2021, que representaban el cero coma diecisiete por ciento del presupuesto autonómico. Ese dinero no se quedaba en la región: se canalizaba mayoritariamente a través de ONG extremeñas hacia África subsahariana e Iberoamérica.

Durante más de una década, la agencia operó como un chiringuito de cooperación con poco control y nula rendición de cuentas inmediata para los contribuyentes. Las subvenciones se repartían entre ONG, ayuntamientos y universidades extremeñas que ejecutaban los proyectos fuera. Así, África subsahariana se convirtió en la gran beneficiaria, con millones destinados a iniciativas como sistemas de riego por goteo en Mali para el supuesto empoderamiento de mujeres, agricultura sostenible en Sierra Leona o programas similares en Guinea-Bissau, Níger, Mozambique y Senegal. Iniciativas loables en papel, pero financiadas con impuestos de extremeños que, en muchos casos, carecen de riego eficiente en sus propias explotaciones agrarias o de empleo estable.

En Iberoamérica ocurrió algo parecido. El Salvador recibió más de un millón de euros en un solo año para diversos programas, mientras que en Colombia los fondos sirvieron para la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado y la protección de defensores de derechos humanos. En Bolivia se impulsó el turismo rural y los derechos juveniles, en Cuba la energía sostenible en zonas urbanas y en Perú y Ecuador acciones de similar calado. Proyectos que, aunque pudieran tener impacto local, se ejecutaban con dinero extremeño mientras aquí persisten bolsas de pobreza rural y desempleo juvenil.

Otros destinos resultaron aún más controvertidos para muchos contribuyentes. Se destinaron recursos a los Territorios Palestinos Ocupados para defender derechos de mujeres afectadas por la ocupación, a India o al apoyo de inmigrantes en rutas mediterráneas. Incluso hubo iniciativas relacionadas con colectivos LGBTI en contextos lejanos o campañas de sensibilización en Extremadura que, en la práctica, servían más para mantener una estructura burocrática y una red de entidades receptoras que para resolver problemas reales de los extremeños. El Plan General de Cooperación 2024-2028 preveía continuidad, pero VOX lo ha frenado en seco. La crítica del partido es directa: la cooperación internacional es prescindible. Los recursos deben destinarse primero a paliar las necesidades internas de Extremadura, no a regalarlos al exterior mientras hay extremeños sin tren digno, sin vivienda asequible o con jóvenes de cuarenta años viviendo con sus padres.

La izquierda y las ONG del sector han reaccionado con indignación, hablando de desmantelamiento y ataque a la solidaridad. El PSOE acusa al Ejecutivo de PP-VOX de dar la puntilla a la cooperación. Sin embargo, para muchos extremeños que ven cada día cómo su esfuerzo fiscal se diluye en burocracia y ayudas lejanas, el recorte supone un alivio y un gesto de sentido común: primero los de casa.

Con esta medida, VOX cumple una de sus promesas de campaña y demuestra que, cuando gobierna, prioriza el interés de los extremeños por encima de ideologías globalistas.