VOX ha registrado en el Senado una batería de preguntas al Gobierno para exigir explicaciones por los presuntos dispositivos de protección policial asignados a la exmilitante socialista Leire Díez, al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y a la tertuliana Sarah Santaolalla. La formación quiere que el Ministerio del Interior aclare si estas personas han contado con escolta, contravigilancia u otros servicios de seguridad sufragados con recursos públicos pese a carecer de cargo institucional.

Las iniciativas han sido registradas por el senador de VOX Ángel Pelayo Gordillo Moreno, que reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez información detallada sobre quién ordenó esos dispositivos, en qué fechas se activaron, cuántos agentes participaron, qué medios materiales se emplearon, si se utilizaron vehículos oficiales y cuál fue el coste estimado para las arcas públicas.

El caso se produce después de que distintas informaciones periodísticas y denuncias sindicales hayan situado el foco sobre el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, por la asignación de recursos policiales a personas vinculadas política o mediáticamente al entorno del Gobierno. Interior ha negado que se pusiera escolta a Leire Díez, aunque sí se ha admitido la existencia de un servicio de contravigilancia tras una valoración policial de riesgo.

En el escrito referido a Leire Díez, VOX pregunta si la exmilitante socialista dispuso de algún servicio de protección de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. La iniciativa recuerda que Díez ha sido vinculada a actuaciones de obtención de información sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales y personas relacionadas con investigaciones de corrupción que afectan al entorno socialista.

La formación también quiere saber si el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad tuvieron conocimiento del dispositivo, qué amenazas concretas se detectaron, si la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fue informada oficialmente y si se detrajeron agentes de otros servicios para cubrir esa protección.

VOX ha registrado otra pregunta centrada en David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. En este caso, la formación subraya que no ostenta cargo público ni desempeña funciones institucionales, y que la posible protección policial reviste especial interés público al coincidir con el procedimiento judicial en el que figura investigado por presuntos delitos relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz.

El partido exige al Gobierno que aclare si el hermano de Pedro Sánchez ha contado con protección en territorio nacional o también en terceros países, si el dispositivo sigue activo, qué fuerzas de seguridad fueron informadas y si este tipo de servicios son habituales para particulares, especialmente cuando residen fuera de España.

La tercera iniciativa apunta a Sarah Marina Pérez Santaolalla. VOX pregunta si la tertuliana ha tenido algún dispositivo de protección policial financiado con medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quién lo autorizó, qué razones lo justificaron y cuántos efectivos se emplearon.

El portavoz nacional de Seguridad de VOX, Samuel Vázquez, ha denunciado que de estos dispositivos se habrían beneficiado «el imputado en causa criminal, como el hermano del presidente Sánchez; la ‘fontanera’ Leire, que amedrentaba a mandos policiales que osaban investigar la corrupción del Gobierno; o la periodista tertuliana Sarah Santaolalla, cuya opinión coincide siempre con la opinión del Gobierno».

Vázquez ha acusado al Ejecutivo de establecer prioridades políticas en el uso de medios policiales. «Nunca hay dinero para proteger a las verdaderas víctimas«, ha afirmado. El dirigente de VOX ha recordado que, desde la llegada de este Gobierno, las agresiones sexuales a mujeres han aumentado «alrededor del 300%» y ha denunciado que los agentes de los grupos de protección de la UFAM tienen bajo su responsabilidad a «70 u 80 mujeres».

La batería de preguntas sitúa a Marlaska ante una cuestión de fondo: si Interior ha destinado efectivos policiales a proteger a personas sin responsabilidad pública mientras los recursos para mujeres amenazadas, víctimas de agresiones o testigos protegidos siguen bajo presión. Por ello, VOX pide también al Gobierno que detalle cuántos efectivos componen normalmente estos dispositivos y cuántas mujeres protegidas por sentencia quedan bajo la responsabilidad de un solo agente.

El choque político no se limita a la existencia o no de una escolta formal. La clave está en si el Ministerio del Interior ha utilizado fórmulas como la contravigilancia para ofrecer protección con fondos públicos a personas próximas al universo político del Gobierno sin ofrecer transparencia sobre los criterios, el coste y la cadena de mando que autorizó esos servicios.