VOX ha registrado una proposición no de ley para su debate en Pleno del Congreso con la que insta al Gobierno a promover en la Unión Europea la suspensión y denuncia del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, así como la aprobación de sanciones contra ese país y contra personas físicas o jurídicas y organismos responsables «de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en la isla».

En la iniciativa, la formación liderada por Santiago Abascal reclama también que el Ejecutivo lidere en la UE y en los foros internacionales una estrategia coordinada de presión política, económica y diplomática destinada a favorecer «el fin del régimen socialista cubano».

VOX denuncia que la dictadura comunista cubana está en «caída libre económica y social», una situación que se ha agravado «drásticamente» tras el cese del suministro de combustible desde Venezuela a inicios de ese año impuesto por Estados Unidos.

Señala igualmente que, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en 2025 el 89% de los hogares cubanos vivía en pobreza extrema. A ello suma que el régimen castrista promulgó el Decreto-Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, lo que «supone un reconocimiento implícito del fracaso absoluto de décadas de planificación centralizada socialista».

En la exposición de motivos de la iniciativa, define al régimen cubano como «epicentro de la desestabilización regional» y lo sitúa como «la cabeza de la serpiente de un entramado criminal que utiliza el terrorismo y el narcotráfico para desestabilizar la Iberosfera».

En este punto, sostiene que a través de estructuras como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, La Habana exporta su agenda ideológica para socavar las democracias y el Estado de Derecho, «fomentando el terrorismo y el narcotráfico en el continente americano y en el mundo, así como el lavado de dinero para organizaciones criminales».

Y mientras tanto, según datos del OCDH, en 2025 se contabilizaron más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en Cuba y 800 presos políticos, y añade que sólo en febrero se registraron 231 acciones represivas entre detenciones arbitrarias y abusos del régimen.

La proposición no de ley carga también contra la Comisión Europea, cuya «tibieza», según VOX, ha permitido que el dinero de los contribuyentes europeos «siga fluyendo hacia el régimen sin exigir reformas estructurales, financiando así aparatos represivos que intimidan a la población y operan activamente contra la seguridad de Occidente».

Por ello, la formación política calcula que el régimen castrista ha recibido 125 millones de euros en los últimos doce años y sostiene que esos fondos no han servido para aliviar la situación del pueblo, «sino para alimentar a grupos que intimidan a la población».