VOX ha presentado ante la Secretaría de Estado de Justicia una solicitud de revisión de oficio para que se declare la nulidad de pleno derecho de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al considerar que excede manifiestamente los términos de la Ley de Memoria Democrática, que tiene igualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional, y vulnera principios esenciales del Estado de Derecho.
Sostiene que el Gobierno ha utilizado una simple instrucción administrativa —instrumento reservado para impartir directrices internas a la Administración— para modificar el contenido de una ley aprobada por las Cortes Generales, ampliando los supuestos de acceso a la nacionalidad española más allá de lo previsto por el legislador.
«El Ejecutivo ha alterado fraudulentamente la voluntad del legislador mediante una simple instrucción administrativa manifiestamente ilegal y reclama su inmediata suspensión», manifiesta VOX.
VOX denuncia que la Instrucción «introduce excepciones no contempladas en la ley, modifica la naturaleza jurídica de la nacionalidad adquirida, crea nuevos beneficiarios y establece presunciones que eliminan requisitos expresamente exigidos por el Parlamento» «Ninguna Dirección General puede sustituir la voluntad de las Cortes Generales ni alterar mediante criterios administrativos una materia sometida a reserva de ley como es la nacionalidad española, escondiéndola con mala fe en una Instrucción de orden interno», asevera.
El escrito solicita igualmente la suspensión cautelar de la Instrucción mientras se tramita el procedimiento de revisión, al considerar que su aplicación puede producir efectos de muy difícil reversión al regalar la nacionalidad española indiscriminadamente, afectando al cuerpo electoral y a la estabilidad democrática de España en las próximas elecciones, entre otros efectos.
Con esta iniciativa, VOX reclama con carácter urgente que el Consejo de Estado emita el preceptivo dictamen previo a la resolución del expediente.
