VOX exigirá al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que informe a la Dirección General de la Policía Nacional sobre la cifra de inmigrantes ilegales disponen de tarjeta sanitaria en la región.
El grupo parlamentario VOX defenderá en el último pleno de la legislatura una iniciativa que pone de relieve otro de los problemas derivados de la inmigración ilegal y masiva: su impacto negativo sobre la sanidad pública. La Proposición No de Ley también exige que se establezca un protocolo para la determinación de edad de los inmigrantes ilegales que se declaren como menores y que se elabore un plan de retorno de menas a sus países de origen.
El texto solicita además un informe económico sobre el impacto que supone la prestación de servicios a inmigrantes ilegales.
VOX señala que es legalmente posible que los datos relativos a quienes residen ilegalmente en España se pongan en manos de las autoridades competentes en materia de extranjería. Para el portavoz parlamentario, David Hierro, es evidente que la inmigración ilegal o descontrolada «ejerce una presión notable sobre el Estado del Bienestar y los servicios públicos, además de producir un efecto llamada que perpetúa el problema de la llegada ilegal de nuevos inmigrantes».
«Los españoles y los residentes legales en Castilla y León sufren las consecuencias de esta política en forma de listas de espera más largas, saturación de los servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias, y una creciente dificultad para acceder a servicios especializados», ha afirmado. «La incorporación de decenas de miles de usuarios adicionales al sistema, sin una planificación adecuada ni recursos proporcionales, compromete la sostenibilidad del modelo y perjudica directamente a quienes han contribuido durante toda su vida al sostenimiento de la sanidad pública mediante sus impuestos», ha aseverado.
Por otro lado, VOX recuerda que la tutela de menas supone un coste significativo para las comunidades autónomas. Se estima que el mantenimiento mensual de un menor no acompañado en centros especializados supera los 4.000 euros al mes, incluyendo alojamiento, manutención, asistencia médica, educación, personal y seguridad. A esto se suma —añade— el reciente reparto estatal de menas entre comunidades (763 para CyL).
