El grupo parlamentario VOX defenderá la próxima semana en el pleno del Congreso una moción consecuencia de interpelación urgente a la ministra de Educación sobre la necesidad de garantizar la enseñanza y presencia del español en todos los ámbitos del espacio público de toda la nación.
En el texto registrado, VOX carga contra unas políticas del bipartidismo que «han instrumentalizado la riqueza lingüística de nuestro país contra nuestra lengua común a cambio de los votos de los partidos separatistas para garantizar su permanencia en el poder».
Así, la formación señala las cesiones al separatismo de las competencias educativas que desde 1996 con el Pacto del Majestic «han mantenido una política de sumisión ante las exigencias separatistas, tolerando la vulneración de derechos fundamentales y la marginación del español en regiones como Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas Baleares o la Comunidad Valenciana». Esto repercute directamente en el rendimiento del alumnado ya que los resultados de estudios como el Informe PISA «muestran caídas alarmantes en comprensión lectora, matemáticas y ciencias».
Por todo ello, VOX defiende el derecho de los españoles a ser educados en español y garantizar la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos: «El Gobierno debe asumir de una vez por todas sus competencias constitucionales y marcar un decisivo cambio de rumbo que revierta las políticas educativas que han provocado el hostigamiento del español dentro de nuestras fronteras».
Finalmente, se insta al Gobierno a devolver al Estado las competencias educativas transferidas a las comunidades autónomas —en tanto afectan a la igualdad de derechos de todos los españoles—; garantizar de forma clara, inmediata y sin excepciones el derecho de todos los alumnos a ser escolarizados y educados en español en todo el territorio nacional, sin que ningún español sea discriminado por razón de su lengua; e impulsar la derogación de la Ley Orgánica 3/2020 por haber eliminado el español como lengua vehicular y por ser un ataque a la calidad y libertad educativa.
También llama a implantar un sistema de inspección educativa efectivo con el fin de exigir responsabilidades y sancionar a las autoridades educativas que vulneren el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en español o promuevan medidas de adoctrinamiento ideológico; implementar un plan estatal contra el adoctrinamiento ideológico en las aulas; rechazar la instrumentalización realizada por el separatismo del uso de las lenguas españolas en el sistema educativo; eliminar trabas lingüísticas que dificultan la movilidad de estudiantes y trabajadores dentro del territorio nacional; promover programas educativos y culturales que refuercen la proyección internacional del español; e impulsar una estrategia de lucha contra el abandono escolar y un plan de refuerzo educativo que recupere contenidos fundamentales.
