El grupo de VOX en el Parlamento Europeo ha anunciado la introducción de una enmienda al informe sobre la brecha salarial y los servicios de cuidados que se vota este jueves en Estrasburgo, con el objetivo de incorporar por primera vez en un debate formal de la Eurocámara el principio de «Prioridad Nacional».

La iniciativa plantea que los Estados miembros puedan fijar criterios de acceso a determinados servicios públicos en función de la vinculación real de cada persona con el país. Según el texto defendido por VOX, esa relación debería medirse a través de elementos como la residencia efectiva, la contribución al sistema y la situación legal en el territorio.

La propuesta parte de una premisa central: la gestión de los servicios de cuidados corresponde a los Estados y no debe imponerse desde Bruselas un modelo único de acceso. El grupo sostiene que, en un contexto de recursos limitados y creciente presión sobre los sistemas sociales, cada país debe poder ordenar sus prestaciones priorizando a sus nacionales y a los residentes legales que acrediten arraigo y aportación al sistema.

La enmienda incluye, no obstante, una referencia expresa a los derechos reconocidos a los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea. El planteamiento de VOX no se dirige contra la libre circulación comunitaria, sino contra el acceso automático a determinados servicios estructurales por parte de quienes no puedan demostrar una vinculación suficiente con el país de acogida.

El texto también defiende la soberanía de los Estados para restringir el acceso a algunas prestaciones cuando no exista ese vínculo efectivo, aunque mantiene la asistencia en supuestos de emergencia vital. En este punto, la formación vincula su propuesta al impacto que, a su juicio, tienen los flujos migratorios procedentes de terceros países sobre la sostenibilidad de los servicios públicos.

VOX busca así trasladar al Parlamento Europeo un debate que ya ha introducido en la política nacional: quién debe tener prioridad cuando los recursos sociales son limitados y qué criterios deben aplicarse para acceder a ayudas, cuidados o servicios financiados con fondos públicos.

La enmienda también incorpora una vertiente laboral. El grupo advierte de que cualquier reorganización de los servicios de cuidados debe evitar situaciones de dumping social, competencia salarial a la baja o deterioro de los derechos de los trabajadores, especialmente en sectores afectados por el envejecimiento de la población y la falta de mano de obra.

La votación del informe permitirá comprobar qué respaldo tiene esta propuesta dentro de la Eurocámara. Aunque su aprobación no supondría una aplicación automática del principio de «Prioridad Nacional», sí introduciría formalmente esta idea en el debate europeo sobre servicios sociales, políticas migratorias y sostenibilidad del Estado del bienestar.