VOX ha lanzado frente al Congreso de los Diputados una campaña para condenar la regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que agravará todavía más la crisis de vivienda, la degradación del mercado laboral y el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras españolas. El lema ha sido «la inmigración masiva tiene consecuencias».

Con ese mensaje, varios dirigentes del partido han denunciado que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo no sólo tendrá consecuencias demográficas o sociales, sino también un fuerte impacto económico sobre quienes ya sufren alquileres disparados, salarios congelados y un deterioro progresivo de los servicios públicos.

Uno de los ámbitos en los que VOX ha puesto más énfasis fue el de la vivienda. El diputado Carlos Hernández Quero ha sostenido que España arrastra desde hace años un grave déficit habitacional, con una oferta claramente insuficiente y una burocracia que dificulta la construcción de nuevas promociones, mientras la llegada masiva de población multiplica la presión sobre el alquiler. Según ha expuesto, este fenómeno está encareciendo especialmente los barrios humildes de grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde el hacinamiento se ha convertido en una fórmula cada vez más frecuente para asumir rentas que antes eran mucho más asequibles.

En esa misma línea, VOX ha denunciado que la vivienda social levantada o respaldada con dinero público no está sirviendo para proteger a los españoles con menos recursos. Hernández Quero ha defendido que cualquier inmueble promovido con suelo público, subvenciones o incentivos fiscales debería reservarse prioritariamente a nacionales, al considerar que actualmente existe una competencia desigual que relega a los jóvenes y a las familias trabajadoras.

La tesis del partido es que la regularización aprobada por el Gobierno actuará como un nuevo «efecto llamada», disparando aún más la demanda residencial en un país donde, según han repetido varios de sus dirigentes, el acceso a una casa se ha convertido ya en uno de los grandes dramas nacionales. En VOX consideran que antes de hablar de nuevos planes urbanísticos o de más construcción, el debate debería centrarse en frenar la inmigración masiva y revertir sus efectos sobre el mercado.

El mercado laboral ha sido el otro gran eje de la ofensiva política desplegada por el partido frente a la Cámara Baja. El diputado Juanjo Aizcorbe ha advertido de que una entrada masiva de trabajadores en un contexto de debilidad salarial termina presionando a la baja las condiciones laborales, especialmente en los empleos peor pagados y más precarios. Ha reiterado que cuando la oferta de mano de obra aumenta de manera descontrolada, quienes terminan perdiendo capacidad de negociación son los trabajadores españoles, pero también aquellos inmigrantes que llegaron legalmente y cumplen con las reglas.

El portavoz nacional de Economía, José María Figaredo, ha incidido en esa misma idea y ha asegurado que las políticas de fronteras abiertas han contribuido, según VOX, a mantener los sueldos prácticamente estancados durante décadas. En su intervención ha sostenido que muchas de las grandes empresas ven en este modelo una oportunidad para acceder a mano de obra más barata, mientras el Gobierno, ha afirmado, busca ampliar a futuro una base social más favorable a la izquierda. Desde la formación consideran que esta combinación perjudica de forma directa al empleado español medio, que ve cómo cada vez resulta más difícil emanciparse, ahorrar o formar una familia.

También el diputado Alberto Rodríguez ha relacionado la «regularización» con un desplazamiento de los españoles más vulnerables en el acceso a ayudas y recursos públicos. Según ha explicado, si los criterios para conceder determinadas prestaciones se basan en situaciones de vulnerabilidad, la presión añadida sobre el sistema puede acabar perjudicando precisamente a quienes ya estaban en peor situación dentro del país. Por eso, VOX ha vuelto a reivindicar el principio de “prioridad nacional” como criterio rector de las políticas sociales.

El partido ha insistido además en que la mayor recaudación del Estado no se está traduciendo en una mejora perceptible de la vida cotidiana. Figaredo ha señalado que España soporta hoy una población mucho mayor que hace unos años, pero que ni la red de infraestructuras, ni la sanidad, ni la oferta de vivienda se han adaptado a ese crecimiento. Desde su punto de vista, esa descompensación explica que los ciudadanos paguen más impuestos que nunca y, sin embargo, perciban un empeoramiento general de su bienestar.

El diputado Manuel Mariscal ha acusado a RTVE y a otros medios públicos de silenciar las consecuencias de la inmigración masiva y ha vinculado la regularización con un posible aumento de delitos violentos y ha sostenido que existe una voluntad política y mediática de ocultar determinados datos cuando las informaciones afectan a la nacionalidad de los autores.

En esa misma línea, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha sostenido que la regularización aprobada por el Ejecutivo ahondará en la tensión que ya soportan amplias capas de la población española. En este sentido, ha denunciado que muchos ciudadanos sienten que, después de años de esfuerzo y cotizaciones, el Estado no les responde cuando más lo necesitan, mientras sí destina recursos a políticas que, según ha afirmado, favorecen el efecto llamada y agravan la presión sobre la economía doméstica, los servicios públicos y el acceso a ayudas. Para la dirigente de VOX, la prioridad de cualquier Gobierno debería ser situar a los españoles en el centro de la acción política y frenar medidas que, en su opinión, incrementan la competencia por recursos escasos. «Es un suicidio para el pueblo«, ha concluido.