«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Ahora tendrán cuatro años para acreditar el nivel lingüístico exigido

VOX logra aprobar en Baleares un decreto que rebaja el requisito del catalán a los celadores: «Era un grave problema»

Celadores en Baleares. Redes sociales

El Gobierno balear ha aprobado un decreto ley propuesto por VOX por el que se rebaja del requisito del catalán a los celadores y se prorroga el plazo para acreditar el conocimiento lingüístico en los procesos de estabilización de todos los empleados públicos de los dos años actuales a cuatro.

Lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, quien ha confirmado que el decreto ha sido pactado con VOX y será previsiblemente convalidad en el Parlamento con sus votos y los del PP.

En concreto, el decreto modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública (de junio de 2022) para prorrogar el plazo del que disponen los funcionarios para acreditar el conocimiento del catalán en los procesos de estabilización.

Así, aquellos que accedieron a un puesto de trabajo público sin tener el nivel lingüístico exigido, y que disponían de dos años para acreditarlo, ahora tendrán cuatro años.

Costa ha argumentado que ambas medidas son necesarias y urgentes para evitar que el Gobierno tenga que despedir a unos 145 trabajadores públicos, la mayoría (123) de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia. También, ha añadido, se ha detectado esta situación en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares.

«Había dos posibilidades, o despedir a los trabajadores o ampliar el plazo, y hemos creído más conveniente ampliar el término. Entendemos que es un grave problema en la prestación de servicios públicos», ha sostenido.

Por otra parte, en virtud del nuevo decreto se añade una disposición adicional al que marca los requisitos lingüísticos en la sanidad pública para rebajar el nivel de conocimiento que deben acreditar los celadores.

El también consejero de Economía, Hacienda e Innovación ha justificado esta medida por la existencia de una sentencia judicial que así lo indicaba. La alternativa, ha vuelto a decir, era «despedir» a los empleados o «levantar» parte de las exigencias lingüísticas.

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