
VOX ha logrado a través de un documento presentado en el Ayuntamiento de Sevilla sacar adelante una iniciativa para impedir el acceso a edificios municipales a aquellas personas que lleven el rostro completamente cubierto, incluyendo prendas como el burka o el niqab.
La propuesta fue aprobada en el Pleno celebrado este jueves gracias al respaldo del Partido Popular, mientras que PSOE y Con Podemos-IU votaron en contra, calificando la medida como innecesaria y basada en un problema que, a su juicio, no existe en la ciudad.
Desde la formación impulsora, se defiende que la iniciativa responde a motivos de seguridad. El texto plantea que cualquier prenda que dificulte la identificación facial —independientemente de su carácter religioso— debe quedar sujeta a esta restricción. En ese sentido, el documento no se limita a vestimentas concretas, sino que abarca cualquier atuendo que oculte total o parcialmente el rostro.
El concejal de VOX Gonzalo García-Polavieja sostuvo durante el debate que la medida tiene encaje legal y citó la normativa de seguridad ciudadana, argumentando que cubrir completamente la cara puede constituir una infracción en determinados contextos si impide la identificación de la persona.
No obstante, la aplicación efectiva de esta decisión aún no es inmediata. Al tratarse de una iniciativa que no cuenta con un respaldo claro en la legislación estatal, será necesario que los servicios jurídicos municipales elaboren un informe que avale su viabilidad. Desde el equipo de gobierno local han mostrado disposición a estudiar ese encaje legal.
Las críticas de la oposición fueron contundentes. La concejala socialista Sonia Gaya expresó el rechazo de su grupo a este tipo de prohibiciones, defendiendo que el enfoque «no debe ser restrictivo ni conducir a la exclusión de mujeres». En una línea similar, desde Con Podemos-IU se insistió en que la propuesta tiene «un carácter discriminatorio» y «busca generar confrontación social».
El debate político se ha intensificado tras la aprobación, ya que la iniciativa introduce un nuevo elemento de discusión sobre los límites entre seguridad, libertad individual y regulación del espacio público en la capital andaluza.